La farsa hondureña

El sentido de los procesos democráticos reside en la utilidad que tienen para la sociedad al propiciar estabilidad política que permita cierto grado de bienestar y desarrollo social. Después de la guerra, los pueblos centroamericanos abrazaron la democracia en la búsqueda del buen gobierno y de alcanzar mejores niveles de desarrollo, lo que se entiende como la acción por superar los problemas que dieron origen al conflicto armado. Sin embargo, la democracia no pudo imponerse como estilo de vida. Se configuró más como botín político anclado a las estructuras de poder que se crearon en la guerra y por eso ha naufragado en ambos sentidos. Ni permitió un mínimo de estabilidad política, ni generó un cambio socio económico que superará las inequidades existentes. Por ello, los procesos democráticos se degradaron en su sentido y en su utilidad para los pueblos. El descrédito de la política va acompañado por el naufragio de los institutos políticos, que son una caricatura mal hecha del sistema corruptor del que forman parte.

La democracia se convirtió en un ejercicio ficticio de elección por designación, en donde el modelo económico está dado de ante mano, y el cual, por muy perverso que sea, no puede modificarse. El caso de Guatemala es patético. Se firma la paz sobre la base de acuerdos sin sustentación, y se permite impunemente que se instaure una agenda que no solo perpetua las injusticias sociales que dieron origen al conflicto, sino más bien las acentúa. Se pasó de la guerra contrainsurgente a la democracia neoliberal. El resultado no puede ser más nefasto.

El cuestionamiento llega directo. Para qué votar, si no cambia nada. Para qué sirve participar, si no elegimos a nadie. Por qué votar en contra, si siempre se aprueba lo que se quiere aprobar. Y cuándo, dentro de los estrechos márgenes establecidos por el poder, se cuela alguien que quiere modificar ese esquema, los mecanismos represivos que controlan los hilos del poder se imponen a la voluntad de las mayorías, las somete y les recuerda los límites que jamás deben ser traspasados. Ese es el caso de Honduras.

El descrédito en el que hemos dejado caer a la democracia, no es nada comparado con lo que pasa en Honduras. El domingo se celebraron las elecciones golpistas. ¿Qué sentido tiene participar en una elección que legitima un golpe de Estado? Se preguntó más de algún hondureño. Los datos así lo muestran, pues solamente el 21% de los hondureños aptos para votar emitió el sufragio por alguno de los candidatos. De esos votos, el ganador obtuvo la mitad, lo que representa que 1 de cada 10 hondureños voto a favor de dicha candidatura. Y el resto. Y el presidente constitucional, electo por los hondureños, y la otra urna. En fin, en la farsa golpista no es permitida la democracia popular.

La prensa guatemalteca, fiel a la tradición golpista que tiene, las difundió con un despliegue inusitado de medios y recursos. ¿Qué pretenden con ello? Acaso dar la ilusión que la democracia se restauró, que la polarización no existe, ocultando convenientemente los datos y los hechos. En Honduras se pretende legalizar el golpe militar con esas elecciones. Y en nuestro país, los medios y la oligarquía pretenden legitimar el proceso. Enrique Ortez, miembro del tribunal electoral hondureño cuando daba a conocer las fallas técnicas del sistema de conteo en está farsa mal montada dijo: “¡Tienen la obligación moral de reconocernos!” y como si se tratará de un mitin político agrego al final “Esta fecha quedará grabada en letras de oro en nuestra patria“. Qué razón tiene. Pero por otros motivos.

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