Unión Fenosa contra Guatemala

Unión Fenosa es una poderosa transnacional española que desembarco en el país a raíz del proceso de privatización que se impulso por recomendación expresa del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- en la década de los noventa. Aduciendo falta de competencia en el sector, recomendaron fraccionar la generación, el transporte, la distribución y consumo final de la energía eléctrica, para que existiera la compentencia.

Así le abrieron un hueco enorme a la empresa para que dispusiera de la energía que generaba la estatal INDE a través de contratos leoninos, para que está pudiera distribuir al consumidor final la electricidad, comprando electricidad por debajo del costo y vendiendo a precios altos posterioremente. Ante la poca cobertura que tenia en ese momento el área rural, el BID le confeccionó un programa de electrificación rural al país y través de un préstamo millonario cuya deuda fue asumida el gobierno, se expandió en casi todos los pueblos de Guatemala.

Y para evitar ser acusada de monopolizar el sector, la Unión Fenosa hábilmente creo dos empresas para la distribución; DEOCSA se encargaría de la parte occidental y DEORSA de la parte oriental. Para expandir su poder económico, el gobierno de España otorgó un préstamo a los países de Centroamérica provenientes del “Fondo Quinto Centenario”, con la condición que la empresa pasará a ser la administradora de la línea de transmisión que une a toda Centroamérica y México, dentro del llamado Plan Puebla Panamá, hoy conocido como Iniciativa Energética Mesoamericana. Eso le permitió consolidar su posición a lo largo del istmo centroamericano, y convertirse en la principal proveedora de energía para la región con una inversión mínima, aprovechando la infraestructura creada por los estados y trasladando una deuda millonaria a los estados.

Durante ese tiempo, las tarifas eléctricas para el consumidor final comenzaron a incrementarse de forma exponencial, y el servicio comenzó siendo malo hasta llegar a pésimo. Innumerables denuncias fueron presentadas por los usuarios ante los cobros desproporcionados, los cortes de energía constantemente sin aviso previo y el abuso de autoridad que exhibían sus funcionarios ante los justos reclamos de las poblaciones rurales. Sólo en los primeros cinco meses del 2009, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) recibió 90 mil 358 denuncias contra DEORSA Y DEOCSA (Prensa Libre, 21-7-09).

La situación llego a extremos en algunas comunidades del interior del país. En noviembre del año pasado, comunidades de San Marcos se organizaron y expresaron su rechazo a pagar las deudas acumuladas por el servicio de electricidad. La empresa suspendió el servicio dejando sin energía a muchos hogares y ciudades. “No hay servicio (eléctrico) y hay personas que están molestas. El lunes se dice que van a bloquear otra vez, de hecho están cortando árboles en las orillas de la carretera para obstaculizar el tráfico”, indicó el vicealcalde de San Pablo, Justo Monzón.

Ante esto, el gobierno en lugar de atender las demandas de la población apoyo en todo momento a la transnacional. Luis Velásquez, secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, dijo que existe un grupo de policías y soldados cerca que intervendrá si nuevamente se presenta un bloqueo. “Si se sigue complicando se pedirá al Presidente un Estado de Prevención”, dijo Velásquez. Dicho y hecho, el gobierno decreto Estado de sitio en la región precisamente en vísperas de las fiestas navideñas.

Pasadas las fiestas, el gobierno extendió el Estado de sitio hasta finales de enero. Todo esto para “evitar conflictos”, pero sin resolver el conflicto de fondo, la demanda contra la empresa por parte de los pobladores que tienen más de dos meses sin servicio de electricidad, aspecto que afecta directamente a más de 60 mil pobladores.

Con la represión el asunto lejos de solucionarse se ha tornado en más problemático, a tal grado que el 13 de enero, cuando regresaban de la cuidad capital 4 líderes del “Frente de Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos FRENA”, fueron atacados a balazos. En el ataque resultaron heridos Fredy Barrios, Leonel de León y Jorge Lorenzo, y asesinada Evelinda Ramirez. Ellos habían estado denunciando a la empresa DEOCSA Unión Fenosa en distintas instancias ese mismo día.

Ante estos hechos el FRENA emitió un comunicado, resaltando:

“La empresa llegó a nuestras comunidades a revisar el sistema eléctrico, intimidando, amenazando y coaccionando, aduciendo que les estábamos robando electricidad y señalando que la red de electricidad le pertenece a la Empresa”. Cuando que nuestros proyectos en 1998 resultado de procesos de gestión y autogestión comunitaria y con aprobación del Instituto Nacional de Electrificación –INDE-, fueron los que dieron vida al servicio en las comunidades, como sucede en San Pablo, Tacaná.

Es ante esta situación que llegamos a la conclusión que DEOCSA/FENOSA había violado nuestros derechos a la propiedad e iniciamos una demanda por daños y perjuicios a la comunidad, logrando una resolución favorable por el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil de los Tribunales en Ixchiguan y Quetzaltenango; mismos, donde la empresa DEOCSA/FENOSA presentó objeciones y en ambas las declararon sin lugar. Así llegamos a la Corte Suprema de Justicia, cambió el juez que conoció el caso desde un inicio, haciendo más dilatado y más costoso llegar a la Justicia.

Posteriormente en el área de la Boca Costa y Costa, se inicia también un proceso de resistencia y lucha ante las tarifas injustas de la Empresa, las acciones han ido desde el “No pago” a la “manifestación pública”, siempre con propuesta, como es el caso de la Municipalización de la distribución de la energía eléctrica a nivel departamental. Estas conclusiones han sido avaladas por el Pueblo en una serie de consultas comunitarias.

Esto no ha sido del agrado de la Empresa y al parecer tampoco del Estado pues a lo largo de este proceso de lucha y resistencia, como FRENA hemos sido criminalizados y deslegitimados por los medios de comunicación, han sido amenazados nuestros compañeros, algunos aprehendidos ilegalmente, hostigadas nuestras comunidades y hoy podemos hablar de 2 compañeros cobardemente asesinados entre octubre 2009 y enero 2010.

Las transnacionales españolas tienen toda una historia de atropellos en el país, pese a su corta presencia de sólo 10 años. Iberdrola, la otra empresa del sector que controla la distribución eléctrica en la parte central del país incluyendo la ciudad capital, demando ante la CIADI al Estado de Guatemala por unos US$672 millones —Q5 mil 570 millones—, por su desacuerdo con el Valor Agregado de Distribución (VAD), en vigor desde agosto del 2008. Hasta el momento la Corte de Constitucionalidad –máxima instancia judicial del país-, resolvió uno de los amparos y falló a favor del Estado a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), con lo que dejó intacto el monto del VAD.

¿Por qué tienen tanto poder estas empresas transnacionales, hasta el grado de impedir que el gobierno fije un precio tope al servicio de energía? Victor Ferrigno, explica que estas empresas cuentan entre sus socios a lo más granado de la elite empresarial guatemalteca, y por eso, tienen tanto poder y actúan con tanta impunidad.

Esta conflictividad muestra el fracaso de la política de privatizaciones que se llevo a cabo en el país. El mercado eléctrico guatemalteco está controlado por dos empresas españolas transnacionales que actúan con total impunidad y prepotencia. Se paso de un monopolio estatal a un monopolio privado, depredador y asesino. Por eso, cada vez más la desesperación de la gente va orillando a confrontar directamente a la empresa. El rechazo a su presencia es más que evidente en todo el país. La población está hart

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