Reflexión

La mercantilización de la educación

Es claro que la educación dentro otras tantas esferas sociales ha quedado influenciado por las ideas neoliberales. Esas ideas parten de reducir la esfera de influencia del estado y dejar a los individuos actuar, tomando decisiones en base a la oferta y demanda. Los procesos actuales ponen en evidencia que las universidades públicas se mueven cada vez más en una situación de mercado en la toma de decisiones.

La teoría del capitalismo académico proporciona una idea del concepto de mercadización de la educación superior, al relacionarla con el hecho de la redefinición de las nuevas funciones y relaciones del Estado con el sistema de educación superior, que implica el cambio de las relaciones existentes entre el Estado y las instituciones de educación superior y cuyos principales instrumentos de política pública elegidos constituyen medidas prácticas de financiamiento, competencia y autorregulación.

Ello genera un marco distinto de relacionamiento al introducir o inducir cambios en las políticas que afectan directamente a la educación superior. Entre esas políticas se pueden mencionar las siguientes; i) Apertura del sistema de educación superior para permitir el ingreso al “mercado” de nuevas instituciones privadas con una oferta amplia de títulos y formas diversas de titulación en pre-grado, posgrado y especializaciones, dándole preeminencia aquellas carreras de mayor demanda laboral, dejando en el abandono carreras como filosofía, matematicas y ciencias puras, por no tener una demanda específica; ii) Sujeción de las instituciones públicas a un régimen de cuasi mercado a través de mecanismos de competencias, que incluye la selección estudiantil, los programas educativos en la selección de los contenidos programáticos y la adjudicación de fondos para investigación y admisión de programas de desarrollo educativo.

Es importante mencionar que muchos de los mecanismos utilizados para la desregulación de la educación superior no buscan privatizar las universidades públicas, sino más bien introducir mecanismos de mercado en los temas de financiación para reducir los subsidios estatales a tales instituciones. En otras palabras cambiar la forma de financiación existente en la actualidad. Legalmente seguirían siendo públicas, funcionalmente tendría operaciones privadas.

La critica que se hace, tanto a la mercantilización de la educación cómo a las políticas neoliberales que las promueven, es que tienen un rasgo ideológico que homogeniza el conocimiento y están relacionadas con la pérdida del concepto de bien público, los problemas de acceso y las barreras que supone establecer mecanismos de mercado para el pago de matriculas estudiantiles, exámenes de admisión, planes de repitencia y el propio rol de las funciones que tienen las universidades públicas, que es la formación crítica del ciudadano, se ve cuestionado y ante este proceso. La Universidad se transforma entonces en un centro de formación-capacitación para el trabajo en beneficios de las empresas y el capital y no en un centro de desarrollo científico.

Uno de los mecanismos adoptados para el cambio de funciones, dentro de un espectro de legalidad, se refiere a la composición de las cuotas de poder. En este aspecto una de las principales asuntos que subyace es la pérdida de la cultura democrática representativa que existe en el ámbito de las universidades públicas con el goce de su autonomía. Una autonomía que se restringe en el ejercicio del poder de todos los sectores involucrados en ese ejercicio de autogobierno.

En el ámbito del modelo educativo que propugnan, el mismo está basado en concebir la educación como un servicio, -mercancía- que se intercambia entre privados, y por lo tanto, las decisiones deben ser tomadas ya no por grupos de poder representativo en la institución, sino por esa mano invisible que orienta el mercado, de acuerdo a demandas específicas y no como mecanismo de redistribución social.

Esta nueva forma de entender la dirección universitaria, tiene en esencia un valor económico utilitarista y al mismo tiempo genera sus propios principios y valores fuertemente vinculados con la actividad económica y la concepción del ser humano egoísta, individualista y maximizador de beneficios. Esos cambios vienen de un intento de adecuación profunda de la escuela a las nuevas exigencias de la economía capitalista.

Los elementos que impulsan las políticas neoliberales en el sistema educativo son:

Flexibilidad: busca crear una universidad que se adapte a las necesidades de la economía, de la producción y de la creación de riqueza en general. Esto representa la “desinstitucionalización” de la universidad, que no es más que la adaptabilidad de la demanda y la fluidez de las respuestas que se esperan de esa institución, concebida como suministradora de servicios. Con esta flexibilidad se convierte en escuela-empresa. Los cambios generados por el mundo económico, se ven reflejados en una institución que se moldea y se adapta a los requerimientos del capital, en función de ser parte del nuevo proceso de acumulación del capital a través del conocimiento.

Competencias. Está basada en la idea educativa de los saberes; saber hacer, saber ser y saber lograr. Esto permite crear un estudiante que pueda adaptarse a su entorno problemático e incierto, resolviendo lo “que pueda presentarse”. La idea central aquí es desarrollar capacidades en los estudiantes, las cuales van en función de las necesidades externas al propio estudiante, en este caso a las necesidades de los centros de trabajo. La prioridad al desarrollo de competencias profesionales y sociales busca lograr una mejor adaptación al mercado laboral. Los conocimientos se reinterpretan en base a la competencia y estos forman parte de un proceso de estandarización pedagógica. Aquellos conocimientos que son críticos con la situación actual y que permite forjar identidades y cultura común son desechados por no interesar al ámbito económico, y porque desde el punto de vista ideológico, contradicen los supuestos en que se sustenta dicha práctica.

Los fenómenos que buscan la creación de mercados para la educación tienen como principal objetivo privatizar ciertos servicios educativos públicos, o lo que Brunner llama la transformación del balance público / privado en aspectos específicos, y se puede manifestar a través del cobro de cuotas de matrícula, la aparición de instituciones privadas sin fines de lucro que hacen gestión en nombre de la Universidad, el pago de aranceles por servicios a entidades externas a la propia institución o aranceles por trámites burocráticos y nuevos mecanismos de gestión de los espacios y servicios que brinda la institución, como espacios de estacionamiento, usos de instalaciones deportivas, gestión de proyectos vinculados a empresas privadas o lo que se llama la terceriazación de servicios, como la limpieza, el servicio de acceso a internet, la jardinería, el mantenimiento, etc, y una serie de mecanismos que actualmente ya se implementan en la USAC, cómo la apertura de espacios universitarios para negocios particulares vinculados a servicios educativos que se vinculan con una cadena de comisionistas en que también se incluyen a profesores y autoridades.

Esos procesos son una tendencia que se observa en las instituciones universitarias, que asumen ciertas características y normas operacionales usualmente asociadas al funcionamiento de la empresa privada. Todo este proceso ha generado una cultura empresarial en las universidades, que aún siendo públicas se incorporan por medio de las mentalidades de algunos de sus miembros o las prácticas que asumen algunas de sus autoridades a través de la gestión que realizan a través de estás prácticas, propiciando con ello el aparecimiento de nuevos actores ligados al proceso educativo, pero sin ningún interes por el mismo, que hacen negocio dentro de la institución y por lo tanto se rigen por un sistema de costos/beneficios- utilidades privadas compartidas o no. Ello crea un fenómeno en cuanto al desarrollo de las actividades académicas y de administración al interior de las universidades públicas que se manifiesta en cinco aspectos:

i) Las personas que gobiernan o ocupan cargos de dirección están separados de las redes de soporte académico, principalmente porque tienen pocos vínculos departamentales y su desempeño se suscribe al campo de la acción ejecutiva en general y no en la académica en particular; muy vinculados con los estamentos políticos en su relación con la institucionalidad del poder estatal y en el ámbito de la lucha política-partidista del ejercicio del poder nacional.

ii) Aumenta el número de profesores de jornada parcial y la incorporación cada vez más de profesionales no académicos (principalmente en programas de posgrado, con experiencia en dirección empresarial y no en docencia) mientras que los profesores de tiempo completo y con credenciales académicas juegan un rol menor, subordinados a decisiones políticas partidistas y no académicas;

iii) Se incorporan en los procesos de gestión elementos de la administración de empresas tales como planificación estratégica, planes operativos, capacidades de respuesta estratégica de acción rápida y aumentan el uso de fondos discrecionales para programas de corto plazo que no pueden ser fiscalizados ni son orientados a cubrir programas académicos sino más bien a procesos políticos vinculados a cuotas de poder.

iv) Los líderes académicos pierden poder, las relaciones externas dan relevancia a líderes operativos desvinculados con el proceso académico, líderes que formalmente están vinculados a la institución, pero que operan bajo otros parámetros, otras visiones, ajenas completamente al desarrollo académico y que sus intereses no necesariamente coinciden con el desarrollo educativo de la institución. Esto crea una imitación de gestión en torno a la administración de universidades privadas, en instituciones públicas, basadas en el imperativo de la eficiencia-eficacia, costo / beneficio, utilidades – réditos políticos, pactos de apoyo y relación de clientelismo, en donde el aspecto académico queda relegado a una actividad marginal de los círculos de poder.

v) La identidad de la Universidad pública se transforma, aún cuando legal y operativamente sigue siendo pública, sus actividades y sus formas administrativas se operativizan a través de una visión privada y la institución se queda atrapada en ese dualismo de negar lo que es, sin asumir lo que no puede ser, y por lo tanto su gestión de innovarse queda atrapada en el marasmo institucional, guiada por el operativismo político partidista externo, de acuerdo a coyunturas ajenas al desarrollo de la institucionalidad académica.

En la actualidad hay diversidad de estudios realizados por las instituciones financieras internacionales, especialmente del Banco Mundial sobre el desarrollo de la reforma universitaria, encargándose de asignarle un vínculo muy preciso al papel de la educación en la economía, incorporan un sesgo ideológico importante. Ahí destacan los estudios Feinberg (1992) y de Coraggio (1992), que desde un conjunto de categorías económicas vinculan el proceso educativo a la producción de mercancías.

Al final el conflicto que se manifiesta al interior de los recintos universitarios muestra que lejos de politizar lo académico, muchas veces el proceso político externo es una instancia decisiva en la toma de decisiones internas, y que estos aspectos tienen aparentemente instrumentos al interior de las propias instituciones universitarias para lograr sus fines, y esas formas de la acción política interna hacen que sea muy difícil distinguir qué y quiénes deciden los procesos internos y académicos, y qué y para qué son las orientaciones que se toman en sus juntas directivas.

La gobernabilidad de la democracia depende de los valores, normas y las creencias existentes dentro de un colectivo, que orientan el comportamiento y las decisiones que se toman. El mundo personal y el mundo político aparecen ligados en una misma realidad, pero ambos se distancian y el mundo político al final ejerce poca influencia dentro del mundo personal por el estigma negativo que tiene el ejercicio político actualmente. El conflicto sucede por la búsqueda de la movilidad social frente al proceso de integración social que el mundo político persigue, que se convierte en una demanda cruzada, que ha creado mayores dificultades para las instituciones educativas de nivel superior.

En un país con una historia autoritaria a cuestas es difícil no estar de acuerdo con la petición de restitución de derechos estudiantiles que hacen los estudiantes universitarios. Ello representa atentar contra la participación estudiantil en el gobierno universitario, pues el estudiante dejaría ser sujeto del proceso de enseñanza aprendizaje para convertirse en un objeto más del proceso. En otras palabras es un paso más para limitar la participación estudiantil en la toma de decisiones, o sea un paso más para su posible privatización.

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A propósito de la actual crisis: las partes y el todo de la Universidad

César Antonio Estrada M.

La toma actual de la Ciudad Universitaria por los Estudiantes por la Autonomía (EPA) es evidencia de problemas y vicios de fondo que aquejan a la Universidad Nacional y Autónoma de San Carlos, y que exigen no sólo la solución de la coyuntura de las elecciones de vocales I y II de las Juntas Directivas facultativas, de modo que no se afecten los derechos estudiantiles, sino el debate ideológico y el diálogo que lleven a iniciar –por fin– y a completar, en un período prudencial, los urgentes e impostergables cambios políticos, administrativos, educativos y académicos que nuestra Universidad necesita para poder cumplir lo que la sociedad y especialmente sus marginados estratos desposeídos, esperan de ella. Con EPA se puede estar de acuerdo o no en diferentes grados pero lo que no puede negarse es que han tenido el valor de expresar algunas de las realidades lacerantes de la Universidad que hemos venido viviendo desde ya hace un buen tiempo, y que pocos son los que denuncian.

Muchos y complejos son los aspectos y los factores que deben considerarse en la Universidad y en sus actores; Guatemala, como país dependiente y prácticamente neocolonial, con sus mayorías silenciosas que apenas logran subsistir y que buscan su liberación personal y colectiva; la acometida neoliberal globalizada que no conoce tregua y que arrasa con bienes y personas, son cuestiones que deben tenerse en mente al reflexionar sobre la presente crisis. Por ahora, sin embargo, sólo quisiera referirme a algunas de las expresiones de ciertos profesores o investigadores universitarios acerca de cómo ven o conciben las secuelas o las salidas de la actual crisis, y que indican que están tomando una parte de la universidad por el todo –es decir, adoptan un punto de vista reduccionista– y que olvidan que las actividades y funciones de la universidad deben concordar con los fines últimos de ésta.

Hay que dar clases por cualquier medio o presionar para que entreguen la Ciudad universitaria. No todas las materias pueden enseñarse por cualquier medio; hay limitaciones didácticas y pedagógicas. Algunas sí permiten la educación a distancia, el uso de internet o el autodidactismo, pero otras, no. Por ejemplo, algunos cursos tienen laboratorios en que se maneja equipo, materiales o sustancias que requieren de la supervisión personal del instructor; otros, necesitan del coloquio presencial del profesor y de los condiscípulos, de la compartición de textos, ideas o experiencias que perderían su efectividad si no se hacen en persona. Por otro lado, la enseñanza utilitaria con fines profesionalizantes –con todo y su importancia– pierde su valor universitario y se reduce a una mera instrucción si se separa del contexto social en que se realiza. Una sociedad necesita profesionales para funcionar y reproducirse, pero no sólo eso. Las universidades, en general, y la Nacional, en particular, tienen una función política, que va de la mano con la académica, que se concreta en la formación en los individuos de una conciencia social, histórica y crítica, que les ayude a orientar su vida personal y a procurar el arreglo del desorden institucional y de la injusticia estructural del país y de la región en la que se encuentra. Exigir simplemente que se reanuden las clases sin ver ni atender los problemas de fondo, parece poco serio y más bien puede retrasar la solución de las contradicciones.

Es indispensable que la investigación no se detenga: es menester abrir la universidad. Ortega y Gasset decía que el especialista es el bárbaro de nuestro tiempo. Hay excepciones pero, con frecuencia, la ciencia especializada hace que sus practicantes se concentren tanto en su disciplina, inviertan tanto tiempo y atención en ella, que se olvidan del para qué, del porqué y del para quién de la investigación, y de la sociedad en que realizan su actividad científica. No es aquí momento de discutir que no toda investigación debería realizarse en la universidad, que alguna es más propia de institutos de investigación no universitarios, pero podemos suponer que la se hace en nuestra alma máter sí es apropiada para nosotros. Es justificada, entonces, la queja que hacen algunos investigadores por la paralización de sus actividades que pueden verse seriamente afectadas. Bajo la influencia omnipresente de la sociedad de consumo, del influjo del dinero y del mercado, esto es, del capitalismo, se aducen también –con más o menos justificación – razones económicas o costos de las pérdidas en que se incurre al suspenderse las labores investigativas, en este caso, por el cierre de las instalaciones universitarias. El problema está en no ver la situación de la Universidad como un todo y como una unidad; es natural que sus defectos y dificultades afecten a sus distintas partes. Despreocuparse de la marcha orgánica de la institución y sólo ver una pequeña parcela de la misma, seguramente contribuye muy poco a la solución de las fallas coyunturales ni de las estructurales.

Finalmente, aparte de estas consideraciones, habría que recordar que no son quienes señalan los problemas de nuestra Universidad Nacional y buscan su solución, los responsables de los mismos. Quienes sí son de culpar son aquéllos que los han causado y además han tenido el poder de solucionarlos y no lo han hecho. En la crisis actual de la Universidad, me parece que este peso cae, principalmente, en el Consejo Superior Universitario.

Conflictos en la educación superior

Las políticas educativas en un contexto de globalización neoliberal buscan cambiar el modelo de gestión para privatizar el proceso educativo a través de modificar la esencia de las instituciones públicas. Esa transición se lleva a cabo en base a dos supuestos falsos; los costos que tiene la educación pública son mayores a los resultados obtenidos y el proceso educativo sólo tiene razón de ser, si esté va orientado a la formación-adiestramiento de los estudiantes para el mercado laboral.

Esta forma de plantear el conflicto universitario genera un vínculo importante con soluciones políticas específicas de corte neoliberal, al relacionar la competitividad global, las formas de financiamiento, el reclutamiento de la población estudiantil, los créditos estudiantiles, el patentamiento de los descubrimientos, los derechos de autor, el uso de la tecnología y la corporativización de las decisiones, con los procesos educativos, las evaluaciones externas, los procesos de reestructuración curricular y con las maneras administrativas de gerenciar los fondos a partir de criterios de efectividad, eficiencia, costo/beneficio y marketing externo. Sólo ese cambio de visión, genera de por si un proceso de privatización encubierto, que en esencia modifica la visión de la educación superior pública, aún y cuando legalmente siga teniendo su carácter estatal.

Por ello, desde la función educativa, la influencia de visiones estructurales al interior de la Universidad, hace que los conflictos sobre la igualdad de oportunidades educativas versus la demanda del mercado de formación profesional, se enfrenten en un marco de divergencia ideológica. Ello nos lleva a concluir que las tensiones en educación y los conflictos educativos se dan por visones instrumentales y estructurales diferentes, o dicho de otra manera, es producto de demandas contrapuestas que tiene su encuentro en los sistemas educativos. Así por ejemplo, unos buscan en la educación un mecanismo para incrementar las ganancias del capital, y otros que la educación sea el medio por el cual se logre la igualdad de oportunidades para la sociedad en su conjunto. Unas demandas provienen del propio Estado, como representación de una clase social que ejerce el poder desde esa institucionalidad. Otras provienen de grupos diversos que lucha por el poder. El conflicto es su rasgo característico.

Para simplificar diremos que unos buscan la reproducción de la sociedad capitalista a través de maximizar la acumulación del capital y dotarle la legitimidad al régimen. Otras visiones confrontan ese espacio educativo buscando construir nuevos referentes a partir del desarrollo de la conciencia crítica cómo ética de la emancipación. Ambas visiones se enfrentan en distintos ámbitos, que van desde el control del aparato administrativo de la propia universidad y sus facultades y escuelas, hasta el papel que asumen los grupos de docentes a nivel corporativo, con acciones que fomentan y permiten la mercantilización de los procesos de enseñanza aprendizaje.

A ello hay que agregar que en la actualidad las organizaciones universitarias, sus estructuras y los procesos de gobierno son determinados por factores externos. Sin embargo la relación que se establece entre la Universidad y la Sociedad en su conjunto se establece la interior de las propias universidades. La obsesión meritocrática existente en los círculos de poder universitario aleja a sus miembros de las preocupaciones propiamente educativas, y con ello, se condiciona el desarrollo universitario al devenir de los procesos políticos lo que permite abrir las puertas a los intereses económicos del gran capital que ve en ese proceso, una oportunidad de negocio, por ser una fuente inagotable de recursos y ganancias, que puede generar la institución.

En ese panorama, un elemento que hace falta para comprender el conflicto que se desarrolla al interior de los centros universitarios es el caso de la autonomía universitaria. Es concebida como la garante última de la mayor aspiración de la ilustración, que cada quién se atreve a usar de acuerdo a su razón. La autonomía permite definir la relación con los gobiernos de turno. Esto le da una definición distinta a la vida institucional, tanto en el reparto de poder cómo en las formas de relación que se establecen. La defensa de la autonomía debe constituir de por si, un aspecto sustantivo y relevante de las reivindicaciones de todos los sectores universitarios. Sin embargo, las alianzas ideológicas y políticas existentes entre los miembros de la comunidad universitaria y las entidades públicas no siempre garantizan la total autonomía universitaria, por la forma en que es entendida y asumida en la práctica de sus miembros.

El complejo esquema de interacción que se produce entre las demandas externas e internas, y el proceso de gestión y gobierno propio de las instituciones universitarias, se ve reflejado en el conflicto que vive actualmente la Universidad Nacional y Autónoma de San Carlos. Aún cuando legalmente no procede un proceso de privatización, subrepticiamente, este se está dando y el conflicto estalla en toda su magnitud.

Propuesta para propiciar un diálogo universitario

La paralización actual de las actividades regulares de la Universidad de San Carlos es una manifestación de la profundidad de los conflictos que vive la Institución. La gravedad y la complejidad de los problemas deben ser reconocidas y enfrentadas para evitar que caigamos de nuevo en arreglos superficiales y formales como ha sido la modalidad de gestión desde hace ya varias décadas. Esta crisis, como las anteriores, tiene una historia larga y un contexto. Es manifestación de un prolongado proceso de intereses en conflicto en el que algunos han apelado a la violencia u otras formas de proceder antidemocráticas y deshumanizantes. Aun cuando hay que reconocer que existen núcleos de trabajo universitario que son ejemplares, con frecuencia vemos manifestaciones de mediocridad, incoherencia y desarticulación de los ideales universitarios y de las aspiraciones que tenemos por una educación, una investigación y una extensión comunicativa que tengan sentido para nuestro país. No podemos estar satisfechos con la vida universitaria tal como está.

Las explicaciones de la situación actual pueden encontrarse en varios orígenes, pero hay que recordar que en nuestra historia reciente hemos vivido golpes violentos por los que muchísimos universitarios, hombres y mujeres, profesores y estudiantes, fueron asesinados o tuvieron que salir exiliados para salvar sus vidas. Hoy padecemos las consecuencias de esa violencia. Pero además de esa agresión enorme e insólita que tuvo un impacto decisivo en la Universidad de San Carlos, hemos sido testigos de otras formas de agresión. Una de éstas es la penetración de las avanzadas subrepticias, como lo son las extensiones a manera de pseudópodos insidiosos de grandes intereses ocultos. Al igual que a otras instituciones y universidades, la Universidad de San Carlos de Guatemala también ha sido un objetivo para la ocupación por dichas fuerzas. Varios de los responsables de las agresiones que hemos padecido o de las manipulaciones que tienen direccionalidades particulares no universitarias, son ahora los voceros de las críticas más estridentes.

Otras explicaciones del actual estado de cosas podrían encontrarse en la asimilación en nuestro país de una cultura individualizante, egoísta y cínica que ha hecho de la vida universitaria un remedo de la lógica del mercado en sus expresiones más deshumanizantes. El olvido, que bien sirve a algunos, de la moral y la ética universitarias ha dejado a la capacidad para evadir la ley sin que el hechor sea sancionado como único límite de lo que es aceptable. La corrupción en sus múltiples expresiones –clientelismo, mediocridad, falta de cumplimiento de las responsabilidades institucionales, la improvisación, la superficialidad y la formalidad, entre otras– y la impunidad también tienen una presencia real en nuestra Institución. Urge eliminarlas.

El concepto mismo de autonomía debe ser pensado muy cuidadosamente. Es obvio que la autonomía no debe ser entendida como otra forma más de libertad irrestricta, como algunos neciamente insisten en proclamarlo, pues sólo tiene sentido si como Universidad cumplimos satisfactoriamente con nuestras responsabilidades institucionales y estamos dispuestos totalmente a dar cuenta de nuestras decisiones y acciones. Es cierto que una Universidad digna y responsable debe tener independencia con respecto a los intereses coyunturales de las ideologías y las disposiciones de las autoridades centrales. Pero también debe conducir todas sus acciones en conjunción con los intereses sociales legítimos.

La autonomía es uno de los elementos fundamentales para la preservación de la libertad académica dentro de la USAC y es un bien irrenunciable. Debe entenderse como el gobierno de los universitarios para los universitarios y definirse no sólo en sentido normativo sino también político. En tal sentido, cualquier acción legislativa o judicial que la afecte debe ser sometida a la consideración de todos los sectores y avalarse sólo cuando existan amplios consensos o unanimidad.

Los problemas son profundos. Las implicaciones van más allá de la próxima generación. Las necesidades del país son grandes y apremiantes. Por eso mismo, la atención a los más importantes asuntos universitarios no debe ser dejada a lo que resulte de la improvisación, los intereses particulares y el dogmatismo. Problemas, implicaciones, intereses, necesidades, deben ser conocidos por todos los involucrados y sometidos a la deliberación en la búsqueda de las posibles opciones. No es posible promover soluciones satisfactorias a tan grandes problemas y necesidades, ni promover las aspiraciones de cultivar la coherencia con respecto al contexto social guatemalteco sin un proceso reflexivo y dialogado de los múltiples procesos que constituyen la vida universitaria.

A la par de un responsable proceso deliberativo es imprescindible tener en cuenta que, en cumplimiento del mandato constitucional, se trata de alimentar el desarrollo de una racionalidad con sensibilidad y estética, en un marco ético, con procedimientos de manejo del conflicto por vías políticas legítimas que toman en cuenta lo que somos como universidad. Una iniciativa con tales características supone un lenguaje distinto al que acostumbramos a escuchar.

Propuesta. Necesitamos hacer grandes cambios en la Institución pero no podemos esperar que todo se resuelva en las próximas semanas. En cambio, lo que sí es factible es empezar a buscar las comprensiones y soluciones en lo que debiera ser un terreno que tenemos en común todos los miembros de la comunidad universitaria: la necesidad de cambiar para mejorar la Universidad, para tomar lo mejor del pensamiento del mundo, desarrollar creativamente ideas propias nuestras y responder a las necesidades de nuestro contexto social.

Es urgente convocar a un diálogo real –no sólo formal como tan frecuentemente ha sido el caso– entre las partes que tienen el protagonismo en el presente conflicto y otras que estuvieren interesadas.

Con un espíritu como el que brevemente exponemos, es necesario acordar una agenda de trabajo que incluya (entre otros puntos que debieran ser acordados):

1. La discusión sobre las soluciones factibles a los problemas de legitimidad y representatividad, incluyendo cómo debe ser la elección de las autoridades y los representantes. Las normas vigentes en ambos planos ya no tienen vigencia.

2. Los lineamientos del aprendizaje y la enseñanza universitarios que deben ser corregidos y mejor ajustados a la dignidad, la capacidad y las aspiraciones de las personas, al mismo tiempo que a las necesidades y aspiraciones legítimas de las sociedades de Guatemala.

3. La promoción de un programa responsable de investigación, más abierto a las formas variadas de la ciencia, la filosofía y el arte, mejor nutrido desde y comunicada hacia los múltiples públicos del país y el mundo. Necesitamos una investigación que alimente iniciativas que corrijan las grandes desigualdades y oriente a los sujetos sociales que convergen en los más grandes intereses nacionales.

4. Una conceptualización de la extensión universitaria que comprenda su ubicación en la sociedad guatemalteca sobre las bases de la comunicación con la sociedad y sus instituciones. La Radio Universitaria, el EPSUM y el EPS, los foros públicos, la producción cultural y editorial, los periódicos universitarios, la oficina de Información y Publicidad, entre otros, deben ser reorientados. Otros programas deber ser dinamizados.

5. La conducción de una administración transparente en todos los niveles administrativos, con definición y la creación de los mecanismos necesarios para evitar que se conviertan en una formalidad de la burocracia. Debemos promover una gestión eficaz de los fondos públicos provenientes de la asignación constitucional. Igualmente, debemos identificar los procesos universitarios que utilizando fondos públicos impiden el cumplimiento de las responsabilidades universitarias.

6. La infiltración de los intereses políticos particulares que contrarían la misión de la Universidad, en sus muchas modalidades, debe ser eliminada. Es incompatible con los fines y el ser de la Universidad.

7. La calidad académica con pertinencia social debe ser cultivada como una categoría orientadora en profesores y estudiantes. Las prácticas que deterioran los niveles académicos de profesores o estudiantes y que erróneamente se han promovido o simplemente aceptado, deben ser cambiadas. En la Universidad de San Carlos de Guatemala no debe haber lugar para una calidad académica sin pertinencia social o una pertinencia social sin calidad académica. Sólo las dos juntas tienen sentido.

Lo anterior supone únicamente el inicio de un proceso responsable, tomando que cuenta que es insuficiente buscar respuestas sólo a los problemas coyunturales. Estos deben ser solucionados pero no debieran consumir toda nuestra atención y nuestro trabajo. Un punto a tener en cuenta es la necesidad de poner atención a la construcción de la confianza y la corresponsabilidad. Sería una gran equivocación que nos dediquemos a atender sólo los asuntos inmediatos, pues pronto estaremos de nuevo viviendo los reclamos por la falta de atención a los problemas de fondo.

Firmas:

Manuel González Ávila, Mara Luz Polanco, César Antonio Estrada, José García Noval, Mario Rodríguez, Julia Reyes Gómez, Marcelo Colussi, Sergio García Piloña, Cándida Luz Franco Lemus, Ingrid Arreola, Patricia Hernández, Marina de Villagrán, Edith Rios de Maldonado, Miriam Maldonado, Mario Alfonso Bravo, Eugenia Castellanos de Ponciano, Lucrecia Vicente, Natael López, Isabel Oliva, Angel Sánchez Viesca, Gabriela Marroquín, Raúl Zepeda, Jairo Alarcón Rodas, Malco Arana, Gustavo Palma, Ricardo Berganza, Azarías Perencén Acual, Adrián Zapata.

Si desea suscribir está propuesta puede hacerlo enviando su nombre, su unidad académica y especificando si es profesor, estudiante o trabajador a través del siguiente enlace: 
Suscribo la propuesta por la USAC.

De la ficción a la realidad

La realidad en Guatemala, toma versiones antojadizas y surrealistas. Aquí no hay una realidad, hay varias, según quién las cuente y según la versión que usted quiera escuchar. Por eso, la realidad oficial dista mucho de la realidad cotidiana, porqué cada sujeto tiene su propia experiencia para compartir. Vea los siguientes ejemplos:

Un político aduce persecución y amenazas y se asila en una embajada, justo cuando hay una orden de captura en su contra por participar en un grupo que realizaba ejecuciones extrajudiciales, precisamente cuando fungía como funcionario público. Los medios dejan florecer la imaginación.

El presidente dice que no hay dinero, sólo le quedan recursos al Estado para dos meses de funcionamiento y no saben como hacerle frente, mientras los grandes empresarios lloran a su ideólogo que les enseñó a no pagar impuestos y aprovecharse del Estado. Mientras los medios fabrican un “héroe”.

Perenco, la transnacional francesa del petróleo será la garante del ambiente en una zona protegida, gracias a su contribución por las regalías e impuestos, según el presidente; mientras se publica un informe que explica cómo esa misma empresa opera los costos recuperables que le permite cobrar al Estado los gastos operativos que tiene, en base al contrato 2-85. Mientras los medios incrementan sus ganancias gracias a la publicidad de Perenco.

En medio de tanta confusión, los medios de comunicación tratan de construir su propia ficción, que luego difunden como realidad. Por eso, la desconfianza se apodera de la realidad y nos hace ser consumidores de ficción. Ojalá, aprendamos a ser críticos y no nos miren la cara de no-ficción que tenemos.

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