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#NoAlMoralazo

No es una lucha contra Iván Velásquez y la CICIG, es una guerra contra el pueblo de Guatemala.

Jimmy Morales ha girado órdenes para evitar el ingreso de Iván Velásquez al país, programado para el día 10 de septiembre. Esas acciones no tienen sustento legal, ni político, mucho menos ético. Forman parte del pleito personal que el mandatario desató contra el jefe de la Comisión después que se presentará denuncia penal contra él y otros miembros de su familia.

Estas acciones ponen en riesgo la estabilidad legal del país, vulnera los elementales principios de convivencia y refuerza el manto de impunidad que los integrantes del pacto de corruptos se quieren investir, para no enfrentar a la justicia.

El carácter violento y reaccionario de las últimas disposiciones del mandatario dejan al país al borde de un rompimiento constitucional, un auto golpe forzado, que con el beneplácito de un congreso corrupto se prestan a mantener y consolidar un Estado cooptado por mafias y estructuras del crimen organizado, cambiando la Ley de Antejuicio para romper con la Corte de Constitucionalidad.
Las acciones del ejecutivo son incompatibles con la democracia y si se consuman llevará al país al dominio del crimen organizado, las mafias y los políticos corruptos que hoy respaldan al mandatario.

El orden público se rompe por el irrespeto a la legalidad. Por eso es inconcebible la amenaza que hoy emana del ejecutivo. Una advertencia de lo que es capaz el pacto de corruptos, su tropa loca y los demás secuaces que lo secundan.

Hay que recordar que Iván Velásquez y la CICIG han tocado las estructuras criminales que cooptaron al Estado y por eso el odio que hoy se observa contra el comisionado. El pacto de corruptos es una alianza sostenida por la vieja política, representada por los dueños de los partidos políticos que han construido su propio sistema electoral para destruir la democracia y saquear al Estado, sin importar más nada.

La defensa de este orden, de este sistema de cosas, es el principal motivo para defender a un mandatario incapaz de conducir al país por la senda del progreso y el desarrollo.
En un país sin ley, son estos grupos los únicos beneficiarios de las políticas estatales, de los fondos públicos, de los destinos de millones de personas que se debaten entre la pobreza extrema y el exterminio por la violencia generada y promovida por un Estado neoliberal cuyo principal objetivo es garantizar los negocios de los dueños de todo, en detrimento del resto de la población.

Estos grupos, bajo el control del Estado cooptado, privatizaron la vida, criminalizando la protesta social, reprimiendo la resistencia popular a través de un fascismo light, convirtiendo la acción pública en un mecanismo para el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, lo que transformó los derechos de las personas en una intervención de caridad utilizada como clientelismo electoral para perpetuarse en el poder. Lo hicieron con la complicidad de empresarios y empresas que obtenían de los contratos públicos, sus propias ganancias.

Para el país, estos mecanismos han significado más pobreza, un sistema de salud colapsado, un sistema público de educación que expulsa de sus aulas a más del 30% de sus alumnos, niños y niñas en edad escolar condenados a la ignorancia y la pobreza. Una economía que crece año con año, pero que no distribuye sus riquezas, una población sin empleo, que le escamotean sus derechos y su salario.

Un país que entrega sus recursos naturales a cambio de nada, asumiendo los costos sociales y ambientales que representa la explotación de la naturaleza.

Al pacto de corruptos los une la comunión de verse en las mismas circunstancias, cercados por la justicia, sabedores que han cometido actos ilegales que atentan contra los derechos de toda la población.

Lo que atraviesa a todos estos grupos es la corrupción. No es difícil observar esos lazos de amor y odio que ellos prodigan a montones, cuando desde las cámaras patronales impulsan una agenda económica que favorece la explotación de los recursos naturales, la promoción del fraude fiscal y la negativa de ser incluyentes en un país con mayoría de población multidiversa. Tampoco es difícil entender la postura militar, cuando sus principales dirigentes están procesados por delitos de lesa humanidad y sus miembros en activos forman parte de bandas del crimen organizado, ya sean en maras, estructuras de narcotraficantes o simplemente dirigen los aparatos represivos del propio Estado.

El carácter violento y reaccionario de estos grupos no es novedad, tienen un origen común, fueron los que hicieron la guerra de parte de las dictaduras, la guerra genocida contrainsurgente y ahora aparecen como grupos conservadores que ven en el avance de los derechos ciudadanos un peligro para sus privilegios, en una sociedad desigual, en donde oponerse a los cambios es una forma de sobrevivir y mantener su poder, es lógico que actúen en favor de mantener la corrupción y en contra de la justicia y la ley.

Por eso, seamos sinceros. El discurso del presidente en contra de la CICIG plantea un asunto de fondo, o simplemente es una justificación para evitar a la justicia y eventualmente, ir a la cárcel.

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