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Nos gobiernan los corruptos y delincuentes

Cada vez que toleramos que el mandatario incumpla la Constitución, la cual juró defender, nos hacemos un daño irreparable, como personas y como país. Ahora mismo, estamos aceptando que unos pocos, en este caso un grupo de delincuentes que tienen procesos pendientes con la justicia, tomen decisiones en contra del interés común, irrespeten las leyes nacionales e incumplan con acuerdos internacionales pactados por el Estado.

Por qué están haciendo esto. Simplemente porque no quiere enfrentar a la justicia, no quieren someterse a la ley, no quieren aceptar que tienen procesos pendientes por delitos que se les imputa y que les incomoda que todo el sistema corrupto del Estado del cual se han beneficiado se les venga abajo. Por que durante años, empresarios, funcionarios públicos y diputados se han aprovechado del Estado para obtener beneficios privados. Por que el crimen organizado ha cooptado el Estado para beneficio propio. Por eso y solo por eso desean terminar con la CICIG.

Si revisamos con cuidado, el Presidente está siendo acusado por hechos ilícitos cometidos antes y durante su mandato. Con o sin la presencia de la CICIG, este deberá enfrentar la justicia al momento que termine su mandato. Su familia, sus asesores; algunos fugados, también. Algunos empresarios están siendo procesados, algunos otros ya fueron condenados por corrupción, otros incluso aceptaron su participación y son confesos por diversos delitos.

No es cierto, que algunos diputados se amparan en el derecho al antejuicio para evadir la justicia y otros presentan infinidad de recursos para retrasar los procesos y beneficiarse de una eventual salida de la CICIG. No es cierto que los que fueron presentados ayer, defendiendo y justificando la decisión de Morales tienen procesos pendientes en los tribunales, algunos ya condenados como el caso de la familia rusa. Rodearse de esta clase de personas, para justificar una medida ilegal, desnuda la clase de personas que son, la falta de ética que tienen y el desconocimiento de la ley por parte del mandatario, sus ministros y demás miembros de su gabinete. Acaso no es una aceptación tácita que los delincuentes nos están gobernando.

La batalla legal contra el acuerdo de creación de la CICIG depende de las resoluciones que tome la Corte de Constitucionalidad y el papel que asuma la Fiscal General. El presidente no puede decir cuáles son las leyes que puede acatar y cuáles no. Para interpretar la ley constitucional, existe una corte para ello. Para ejecutar las resoluciones, existe una fiscalía que debe velar por esto.

Sin embargo, esta ofensiva gubernamental contra cualquier tipo de investigación en su contra va mucho más allá del desafuero de la CICIG. Lleva implícito también el desafuero de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y el desconocimiento de las funciones del Ministerio Público, especialmente del actuar de la FECI. Se puso en duda el actuar de los tribunales que resolvieron sobre los procesos en contra de los acusados, lo cual atenta directamente contra la independencia de los poderes del Estado. El presidente asume funciones que no le corresponden legalmente. Se inmiscuye en funciones de otros organismos. Por eso, van a tratar por todos los medios de influir en las elecciones generales, para garantizar la llegada al poder de aquellas personas y partidos que conforman el pacto de corruptos, para lograr la continuidad de la impunidad y la corrupción que tanto les beneficia.

La determinación del Secretario General de Naciones Unidas de rechazar tajantemente esa decisión del Ejecutivo guatemalteco nos traslada de nuevo al punto de partida inicial. La lucha legal y la batalla ciudadana para evitar que se consuma el golpe de Estado y se perpetúe la impunidad en un Estado cooptado por el crimen organizado, en donde el capo mayor, quiere salir impune de tanto despropósito.

Fotografía tomada de Nomada.

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