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El Estado de derecho y la CICIG

El neoliberalismo moldeó el sistema económico y político guatemalteco de acuerdo con sus propios intereses, aprovechando los programas de ajuste estructural y el proceso de paz, los poderes locales comenzaron a gestionar “con sentido común” la transición política logrando en primera instancia las privatizaciones de los activos estatales, los programas de reconversión económica y paralelamente el compromiso de los Acuerdos de Paz que fueron implementados parcialmente.

Se generó una transición política tutelada, mientras en el plano económico se desarticulaba el Estado impulsado por la apertura comercial y el modelo exportador que posteriormente daría vida a los Tratados de Libre Comercio. Eso generó otra idea que ahora repercute con más fuerza que antes, la consolidación del Estado de Derecho. En principio significó una construcción sobre el papel de los contratos privados y la reglamentación en la actividad económica. En el 2003 el encuentro empresarial de ENADE entre sus conclusiones expresó que “la existencia de institucionalidad política y un Estado de Derecho son los principios guías más importantes que deberían marcar el proceso de desarrollo en Guatemala”.

El Estado de Derecho se convirtió en un axioma para los empresarios, vinculado con el quehacer económico y la inserción global del país y no precisamente con la justicia como tal. Fue hasta el ENADE del 2009 cuando se vincula el tema con la seguridad y la justicia, pero más como una preocupación por los altos índices de violencia en el país, que por fortalecer la aplicación de la justicia.

El Estado de Derecho se citaba una y otra vez para gestionar la actividad económica, vinculado a otra frase que los empresarios han utilizado hasta el cansancio “certeza jurídica”. Pero claro, ambas frases no tuvieron sentido en su aplicación para ellos, los políticos y los empresarios, que, viendo la oportunidad de gestionar el Estado, lo capturaron para buscar beneficios personales y poco les importó el Estado de Derecho, ni la certeza jurídica.

Amparados en la impunidad que el sistema les otorgaba y el poder que cada quién gestionaba a su manera, la élite política y económica de este país, en conjunto con la cúpula militar fue confeccionando los mecanismos para apropiarse de los fondos públicos, dividiendo el Estado en parcelas que utilizaron como un clan de mafiosos la gerencia de los negocios corruptos que permitió la captura del Estado.

Cuando la CICIG comenzó a investigar ese entramado de relaciones corruptas y cuando uno a uno de los involucrados en redes de corrupción comenzaron a caer, pusieron el grito en el cielo. Por primera vez se recordaron del principio de inocencia, el debido proceso y otros argumentos falaces que utilizaron para desprestigiar el trabajo de la Cicig y la Feci.

En el último informe de Cicig se evidencia que con la “devolución del crédito fiscal permitieron identificar una estructura que mediante el pago de sobornos beneficiaba a importantes empresas,  en  detrimento  de aquellas que no estaban en la red o no aceptaban pagar sobornos”.

Amparados en la impunidad que el sistema les otorgaba y el poder que cada quién tenía fueron confeccionando una serie de mecanismos para apropiarse ilícitamente de fondos públicos olvidándose de aquellos preceptos y principios básicos que el neoliberalismo enarboló en sus inicios.

Entonces el Estado de Derecho dejó de funcionar y nos convertimos en un país de cínicos que pululaban temerosos que un jueves cualquiera fueran capturados por sus fechorías, mientras la ciudadanía comenzó a despertar, a sentir indignación por los alcances de las redes corruptas. Descubrir el nivel de captura del Estado es por mucho el principal logro de la Cicig.

Los empresarios sintieron que la persecución contra importantes miembros de su cúpula significaba un peligro para el sistema neoliberal que ellos habían implantado. Así que la alianza de sangre surgida en la guerra con los militares se convirtió en más necesaria que antes y con la suma de los políticos corruptos en los puestos claves de la administración estatal, hicieron posible la salida de la Cicig y el retroceso en materia de justicia, al cooptar nuevamente el Ministerio Público y reestructurar el sistema de justicia para que no les afectara las resoluciones judiciales.

La Cicig vino a poner a prueba ese Estado de Derecho y nos encontramos con una podredumbre que aún corroe nuestras conciencias. La captura del Estado y su botín económico tuvo tantas ramificaciones y tan novedosas formas de implementarse que aún ahora sorprende tanta imaginación y tanta alevosía para cometer esos actos. A estos personajes nunca les intereso la certeza jurídica.

El neoliberalismo necesitó de la corrupción para implantarse en el país y mantener su hegemonía hasta el presente. Recurrió a la fuerza y a la represión cuando fue necesario, pero siempre manteniendo la apariencia de un Estado democrático. La marcha de la Cicig es por mucho, la reacción de los poderosos ante el miedo a perder sus privilegios y el éxito que está tuvo en la persecución penal. La legalidad que ahora pretenden imponer, es lo que nos llevó al Estado fallido en que nos convertimos. El nuevo autoritarismo, encarnado en Alejandro Giammattei, tiene como objetivo reestructurar ese viejo y caduco poder, ahora comandado por los ultra neoliberales, en conjunto con los sobrevivientes de ese poder corrupto que salvó Jimmy Morales y su camarilla.

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