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El Instituto Guatemalteco de Economistas se pronuncia sobre la Iniciativa 5500 de ProGuatemala.

Actualmente el Congreso de la República viene avanzando en la tercer lectura de una iniciativa de ley que busca crear una nueva entidad descentralizada, con patrimonio propio alimentado principalmente por recursos del presupuesto público y una variopinta Junta Directiva, bastante parecida a las de su tipo que tipifican la existencia de un sector público corporativo, en donde la autoridad de los ministros se diluye y dificulta la implementación de planes generales de gobierno como el que actualmente se ha oficializado a través del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural –CONADUR-, contando con el apoyo de la Segeplan.

El IGE ve con preocupación cómo en lugar de buscar la modernización del Estado, emulando de países exitosos en donde las decisiones se traducen en la implementación de resultados, buscando los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en Guatemala un conjunto de ideólogos, principalmente vinculados al diseño de organizaciones privadas, confunden los principios del Derecho Privado con los del público y presionan para la institucionalización de una serie de instituciones híbridas que no son más que la confluencia de intereses sectoriales que se incrustan en el seno de las altas decisiones estatales llevando al país a los rezagos que se observan precisamente en materia de la productividad del capital y del trabajo que hoy buscan solucionar con la creación de una entidad onerosa para los contribuyentes, como lo es PROGUATEMALA.

La iniciativa 5500 “Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco para la Promoción de la Competitividad y la Inversión” –PROGUATEMALA-, busca crear una compleja entidad gobernada por CACIF, el Consejo Económico y Social –CES- y ministros del Gabinete Económico, teniendo como objeto “establecer el marco legal para la coordinación, la planificación, la ejecución y la evaluación de políticas, programas y proyectos y acciones encaminadas a promover la competitividad del país”.

Se enfatiza además en la creación de una entidad que diseñe y ejecute la estrategia vinculada a la productividad del país, categoría ésta que la teoría económica moderna le atribuye un carácter integral que demanda de la sinergia de la política pública en su conjunto, abandonando así el carácter economicista que sus inspiradores le imprimen en la iniciativa de ley y la institución por crear.

La iniciativa de marras contiene una serie de consideraciones que incluso riñen con la Constitución Política, tal es el caso de considerar una institución que se pretende normar, en lo laboral, por el derecho privado, incrustando expresamente en uno de los artículos “el estar exento de normas del servicio civil”. Además, se pretende financiar por una fracción del presupuesto del Ministerio de Economía que seguramente drenará asignaciones para otras direcciones importantes del mismo.

Además, se prescribe una asignación equivalente al uno por millar del total de la Inversión Extranjera Directa acumulada reportada por las cuentas nacionales del país, la que deberá ser alimentada por el Ministerio de Finanzas Públicas y las obligaciones del Estado a cargo del Tesoro que muy seguramente comprimirán asignaciones a entes importantes como la Universidad de San Carlos de Guatemala o del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre otras. Por razones como las anteriores, alertamos al pleno del Congreso y proponemos:

1) Un compás de espera a la iniciativa de ley indicada, invitando a los diversos centros de pensamiento a la discusión de una iniciativa que ha sido sigilosamente manejada e introducida al pleno por el actual Ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela.

2) Hacer un llamado a la comunidad internacional, especialmente a la Embajada de los Estados Unidos de América y sus agencias como USAID y MileniumChallengeCorporation –MCC- que han venido financiando al PRONACOM desde los tiempos del Plan para la Prosperidad con el triángulo norte centroamericano.
Tales agencias deben contribuir al fortalecimiento de un Estado moderno, con un servicio civil adecuado al momento, y una ley de contrataciones que rija para todo el sector público. Debe evitarse así el apoyo a entes que fragmentan y sectorializan las políticas públicas, inflando los gastos de funcionamiento del Estado, y contribuyendo poco a temas como el combate a la pobreza y el freno a la diáspora de migrantes, entre otros problemas.

3) Resulta vital revisar iniciativas como la relacionada con la competencia de mercados, la protección al consumidor y la promoción de la competitividad, buscando el fortalecimiento del Ministerio de Economía, tal y como la propia Ley del Organismo Ejecutivo lo considera, siendo completamente erróneo crear entidades descentralizadas que tengan labores de coordinación y estrategia, cuando desde hace décadas se considera que los entes descentralizados especializados deben ser fundamentalmente ejecutores. Hacemos ver así los graves errores de diseño institucional que tiene tal iniciativa.

4) La iniciativa de ley 5500 que crea PROGUATEMALA es una iniciativa onerosa, al servicio del capital privado únicamente y fragmentadora de las funciones del Estado, alejada del papel necesario que debe jugar en la economía nacional.

JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE ECONOMISTAS Dr. Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Dr. Edgar Alfredo Balsells Conde, Dr. Mario Rodríguez, Lic. Luis Armando Ruiz Morales, Lic. Alberto López Davila, Lic. Milton Escobar, Lic. Fernando Vásquez Taracena.

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