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La agenda oculta del Tercer País Seguro.

Cada quién da un relato distinto del acuerdo suscrito. Internamente Jimmy y su ministro de gobernación quieren matizar el asunto y hablan de más visas para un programa de trabajadores temporales vigente que incluye una promesa de ampliación. Pero para la Casa Blanca la realidad es otra y han sido muy enfáticos en decir que el convenio firmado es de un Tercer País Seguro.

Qué hay detrás, más allá de la retórica que cada quién expresa a su manera. Se dice que no hubo negociación, que fue entreguismo puro por parte del mandatario. Pero con qué propósito se dio esa concesión. Qué espera lograr Jimmy Morales y sus ministros.

Si partimos del axioma que nadie llega a una negociación sin obtener nada a cambio, aun cuando no se pida expresamente, es imperativo analizar si no hay un plan más diabólico que el propio Trump atrás de todo esto.

Guatemala fue el único país del triangulo norte que no se involucró con México para establecer un acuerdo de trabajo para frenar la migración. Tampoco lo busco, ni le intereso cuando se propuso. Más bien fue directamente con Estados Unidos y se ofreció al país para construir el muro legal que implica la solicitud de asilo en un Tercer País Seguro.

Se ha dicho insistentemente que Jimmy Morales y sus ministros con esta acción buscan impunidad para después de dejar el cargo. Pero es poco probable que eso se lo pueda garantizar la embajada gringa en el país. Y tampoco es viable que eso suceda. Estados Unidos no tiene amigos, ni aliados, solo intereses.

Quizás lo que buscan es más libertad para hacer y deshacer internamente. Lo lograron cuando se trasladó la embajada guatemalteca a Jerusalén y obtuvieron el beneplácito de Estados Unidos para denunciar el acuerdo con la CICIG, desterrar al Comisionado, a los investigadores y bajar el ritmo de trabajo del Ministerio Público al establecer mecanismos internos para revertir los avances logrados en materia de seguridad y justicia. Por qué no intentarlo otra vez.

Ahora con dicho acuerdo, y con la supuesta confianza reestablecida, es posible y viable que Estados Unidos se haga de la vista gorda y avale la continuidad del gobierno de Morales, uno o dos años más, aduciendo fraude, a través de un golpe de Estado y/o aduciendo un rompimiento constitucional por parte de la misma Corte de Constitucionalidad que puede frenar la vigencia del Acuerdo suscrito.  

Lo del fraude ya lo ensayaron en la primera vuelta y la negligencia de los magistrados del TSE ayudó. La demanda presentada por la directiva del Congreso en contra de los magistrados disidentes de la CC forma parte de esta estrategia y ya está en marcha. Ambos motivos pueden desencadenar hechos concretos en esa vía.  

La continuidad de este gobierno uno o dos años más en sus cargos implicaría un reacomodo de las fuerzas políticas en el Congreso, la remoción de los obstáculos que ahora tienen para lograr sus propósitos, como sería eliminar la disidencia al interior de la CC y obtener una nueva composición de las cortes de justicia afines a dichos intereses. En ese plan se alinean los operadores corruptos en el congreso y la cúpula empresarial que es la más beneficiada de todo este embrollo.

Ampliar el período de estancia en el gobierno le daría más oxígeno para coordinar una salida segura, pero también, concretar los negocios que están en proceso, gestionando desde adentro la transición que les permita consolidar la cooptación del Estado y resguardar para siempre sus intereses espurios. Que incluye, además del estado de cooptación permanente, la viabilidad del modelo extractivo y privatizador que impulsa el sector privado, su principal aliado.

Con la inacción del Ministerio Público y la Contraloría, tienen garantizado una parte del éxito de dicho plan. La otra parte se puede negociar. Uno de los candidatos de la segunda vuelta aseguro que el acuerdo de Tercer País Seguro no era tan malo como parece. Esa alineación tan absurda e innecesaria denota la existencia de una agenda oculta o por lo menos una negociación en curso, que pretende desbaratar el Estados de Derecho y garantizar la continuidad del estado corrupto.

Los cerebros de la embestida contra la CICIG, el MP de Thelma Aldana y los entes que jugaron un papel principal en las movilizaciones del 2015, han mostrado que tienen un amplio repertorio de acciones políticas y legales para garantizar sus privilegios. Ganarse la confianza y la supuesta amistad de Trump y del Departamento de Estado a través de acciones de política exterior que solo benefician a Estados Unidos, no es tan descabellado de pensar si con ello logran garantizar sus propios intereses.

Pero si el acuerdo se frena por parte de la Corte de Constitucionalidad, eso supondría un revés importante para Donald Trump que desataría a todos los demonios internos, pero también favorecería a Jimmy Morales y a sus propios intereses, al culpar a sus enemigos por dichas acciones.

En ese escenario el caos se apoderaría del país y en río revuelto, ganancia de corruptos.

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