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Lealtad de clase contra el cambio

El ejército gravita de nuevo en las altas esferas de la política y en la conducción estratégica del Estado. Tal vez nunca se fue, pero logró, después de muchos años de tener un papel subalterno de la clase política y de los empresarios, retomar el verdadero poder y conducir la recomposición del Estado a su modo y con todas las ventajas posibles.

Lo que comenzó con una conspiración de presos contra la CICIG desde el Mariscal Zabala, se convirtió en un verdadero pacto de sangre entre la cúpula militar y la vieja política; a esta alianza se sumaron los empresarios corruptos más conservadores y el crimen organizado que ha financiado parte del plan. El objetivo primario fue buscar impunidad. Ahora quieren más. La recomposición y reconfiguración del entramado de poder corrupto e impune se dio con la venia de la embajada y el visto bueno del sector empresarial.

Jimmy Morales por su desconocimiento de la cosa pública y su incapacidad manifiesta para gestionar el poder, le entregó la conducción del Estado a la cúpula militar. Esta conspiró contra la democracia y haciendo lo que aprendió hacer durante la guerra, basando sus acciones en una agenda de confrontación con los viejos temas del anti comunismo, y manipulando el imaginario social de la fe, creó confusión y miedo al cambio entre los sectores más conservadores del país.

En el plano operativo avanzó en el control territorial para frenar el descontento social y asegurar los negocios empresariales alrededor de la explotación de los recursos naturales, dado seguridad a las rutas de trasiego del crimen organizado. Revirtió los pocos avances en el sector seguridad y justicia, colocando en puestos claves a sus propios operadores y exigiendo lealtad a otros. Como complemento movilizó a la derecha fascista en favor de sus temas y sus propósitos. Alrededor del presidente tejió una red de colaboradores eficaces, a cambio de obtener beneficios económicos y reconocimientos por sus servicios.

Nunca antes, como ahora, el narcotráfico fue más prospero y se recompuso de la arremetida que sufrió durante los períodos de Paz y Paz y Aldana en el MP. Nunca antes el empresariado obtuvo tantas prebendas y concesiones para gestionar sus negocios. Nunca la política exterior del país fue tan sumisa y entreguista a Estados Unidos a cambio de muy poco. La confianza a entidades como el MP se fue esfumando paso a paso, gracias a una política de vigilancia e inacción que hace ver cómplice a la actual fiscal. Estos son signos del reacomodo del esquema de poder, cuyo factor común se traduce en la defensa del orden corrupto, la garantía de impunidad y la continuidad del sistema de cooptación.

La celebración del 30 de junio ilustró de manera simbólica dicha alianza de clase. Después de muchos años el desfile militar retornó a las calles y lo hizo recorriendo las calzadas más emblemáticas para la élite económica del país. A este despliegue inusual de lealtad para el “glorioso” ejército de Guatemala se sumaron los halagos del presidente del Congreso, el hijo de Arzú y del resto de dirigentes políticos que para esta ocasión también se uniformaron.

Solo hay algo que no cuadra. Los resultados de las elecciones no fueron todo lo bueno que ellos esperaban. La amplia coalición de partidos de derecha, aliados corruptos del proceso, no obtuvieron los votos necesarios para garantizar la continuidad. Los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta no tienen la confianza del pacto de corruptos, a pesar de ser parte de esa vieja política y perseguir los mismos objetivos, ambos tienen sus propios intereses que quieren hacer valer. En marcha hay varios procesos de reacomodo en el sector justicia que no se pueden dejar al azar, principalmente la elección de las nuevas cortes. El modelo económico no está en peligro, pero si la obra pública, los controles territoriales y la cuestión fiscal.

Por eso, el plan “b” consiste en el viejo esquema militar del golpe de Estado, que se puede llamar golpe al estilo 2.0. Estos sectores que aducen fraude y llaman a repetir las elecciones poniendo en duda la legalidad y legitimidad del proceso electoral y de su institucionalidad, son parte de un plan para gestionar el traslado del poder. Los golpes de estado siempre dan un respiro al poder y al ejército. Esto también permite un reacomodo de los espacios de decisión y aducir fraude en la actual situación, es la manera de golpear la institucionalidad del país para garantizar sus objetivos. O logran la continuidad o garantizan que los nuevos gobernantes juren lealtad al pacto de corruptos.

En ambos casos, queda claro que el ejército está para proteger a los ricos, y también a los narcos y políticos corruptos, y por qué no, también, a los generales y coroneles presos, prófugos o con procesos pendientes ante la justicia. En todo caso, el fin último es garantizar la impunidad.

Foto David Toro. Prensa Comunitaria.

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