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Una actitud sospechosamente corrupta

El nuevo presidente manifestó que el tema de la CICIG está cerrado. Durante sus primeras entrevistas, nunca hizo alguna mínima referencia al combate a la corrupción, incluso en su campaña fue crítico con el ente internacional, pero ahora, ha propuesto la creación de una comisión contra la corrupción, y de paso, está solicitando ayuda a la comunidad internacional para su financiamiento. En ese tema, sus asesores más cercanos han dicho que Alejandro Giammattei prefiere otra entidad.

Por otro lado, la Fiscal General manifestó que este mes presentará su propuesta de trabajo con respecto a la continuidad de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI, que pasará a ser una fiscalía de sección, así mismo anunció la contratación de 60 investigadores para fortalecer el trabajo que ahí se realiza, lo cual puede parecer una buena noticia, pero cuando se analiza bien, en realidad es todo lo contrario.

La Fiscal General se niega a contratar investigadores con experiencia capacitados por la CICIG durante estos años, es personal idóneo para el trabajo que se espera de la FECI, en donde hay importantes recursos técnicos y financieros invertidos en ellos. Por qué la fiscal no quiere contratarlos es una pregunta pertinente que merece ser aclarada. El fondo del asunto apunta nuevamente a frenar los esfuerzos realizados en estos años y revertir el trabajo de la CICIG en todos los campos.

En ambos casos las posturas son sospechosas y contradictorias. Por un lado, implícitamente el presidente electo reconoce que hay un problema de corrupción en el Estado. Si no, por qué proponer una comisión que trabaje el tema. El problema es negarse a darle continuidad a una entidad que demostró que funciona y que lo hizo bien, teniendo el respaldo y la credibilidad de la mayoría de la población.

La Fiscal conoce los problemas de impunidad que existen en el país pues ella lo machacó en los primeros días de su gestión y lo justificó a través de la mora judicial que le dejó la fiscal anterior y el porcentaje de casos que se ganan en los litigios penales. Su compromiso inicial fue cambiar dicha situación para frenar la impunidad. Sin embargo, las acciones que toman dejan dudas y ponen al descubierto otros intereses. Si no fuera así, por qué dejar afuera gente idónea para realizar mejores investigaciones. Por qué negarse a recibir el traspaso de capacidades técnicas con que contaba la CICIG.

Si se analizan ambas posturas de manera global en la lucha contra la corrupción y desde el combate a la cooptación del Estado, posturas así solo hacen sospechar en una complicidad con el sistema, cuyo principal objetivo es garantizar impunidad para aliados, amigos y aquellos que forman parte del pacto de corruptos. Estas acciones solo favorecen la impunidad y fortalecen la cooptación.

Tanto la Fiscal General, como el nuevo presidente quieren aparentar su determinación de luchar contra la corrupción. Pero en realidad muestran que eso no es lo importante. O sea, aparentan ser buenos, cuando en realidad hacen lo contrario conscientemente.  

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