Mario Rodríguez Acosta
Si algo ha logrado el pacto de los corruptos es mantener siempre abierta la comunicación con el Departamento de Estado y con las élites del «estado profundo» estadounidense. Con los demócratas, las sanciones nunca fueron más allá de medidas individuales, como la cancelación de visas y condenas superficiales contra ciertos personajes, quienes continuaron con sus vidas corruptas sin mayor alteración.
La estrecha vinculación de este pacto con los neoconservadores y los donantes neopentecostales de EE. UU., junto con el apoyo explícito que, desde la Fiscal General hasta Fundesa, brindaron al candidato que hoy es presidente electo, Donald Trump, le da a esta alianza criminal una ventaja estratégica en su intento por llevar a cabo un golpe de Estado similar al de Perú.
No es que se haya abierto una oportunidad para destituir al gobierno de Semilla; más bien, fueron precisamente ellos, los del pacto, quienes crearon esa oportunidad. Una estrategia que fue anunciada y presumida por el Fiscal de la FECI, quien nunca ha escondido sus objetivos maquiavélicos.
Si se confirma que Marco Rubio será el próximo secretario de Estado, es probable que los días de Bernardo Arévalo al frente del gobierno estén contados. Esto se hace aún más probable ahora, que Ligia Hernández ha aceptado cargos para poner fin al acoso judicial que le impuso Consuelo Porras.
A pesar de un comunicado emitido por el senador Rubio, en la antesala de la toma de posesión de Arévalo, en el que llamó a respetar el estado de derecho y la transición, ya como secretario de Estado, es poco probable que se oponga a la ofensiva judicial contra el mandatario.
Rubio ha mostrado cambios de postura siempre que le ha sido conveniente. Llamó a Trump «estafador», apoyó la reforma migratoria de Biden y, recientemente, ha manifestado que China representa el principal dolor de cabeza para Estados Unidos, no Rusia, y ha exigido un enfoque pragmático para resolver el conflicto.
En resumen, se puede y se debe respetar el estado de derecho, pero siempre y cuando sean Consuelo Porras y la élite del CACIF quienes definan qué significa realmente «estado de derecho», pues, en la práctica, los jueces y tribunales en Guatemala también abogan por que se les levante el veto de visa para poder regresar a Miami de compras.