La disputa ideológica por la “libre” competencia

En el Congreso de la República se discute una Ley de Competencia, producto de los compromisos que el país asumió con la firma de Tratados de Libre Comercio. Eso significó una disputa ideológica entre grupos a favor y en contra de tener dicha ley, y la controversia surge de los sectores empresariales neoliberales que han abogado antes por el libre mercado y ahora se oponen a que se concrete uno de los compromisos asumidos dentro de los acuerdos comerciales suscritos.  Por qué sucede esto.  

El liberalismo, en general, defiende el libre comercio en base a ubicar al mercado como el motor de todo el proceso económico y es su principal categoría dentro de su análisis. Esta manera de pensar, pronto se convirtió en una manera dogmática de organizar las políticas públicas, teniendo un enorme impulso en América Latina con el llamado Consenso de Washington y el ya famoso “Fin de la Historia” de Fukuyama, cuando proclamó el triunfo del liberalismo sobre el socialismo. Las instituciones financieras internacionales jugaron un papel fundamental en el desarrollo de dicha visión y colaboraron con los gobiernos para fomentar las exportaciones, abrir mercados y promover una política de equilibrio macroeconómico a través de configurar la autonomía del Banco Central.

A sus impulsores les llamaron ordoliberales, seguidores de la escuela Friburgo, que fue una especie de fusión entre la justicia social y la libertad individual. Se oponen al liberalismo clásico con matices importantes a través de la teoría de la competencia, justificando así la intervención del Estado en la economía y reconociendo la imperfección de los mercados.

Fue Alfred Müller-Armack quién acuño el concepto de economía social de mercado y utilizó el término de competencia regulada dentro de la economía institucional, cuyas ideas principales eran la competencia efectiva para evitar monopolios, la protección al consumidor para logra el acceso a los productos a precios justos y la intervención del Estado para corregir las fallas del mercado, con el objetivo de proteger a los grupos vulnerables, dejando a las empresas la responsabilidad social sin descuidar la búsqueda de beneficios económicos. Müller-Armack enfatizó en la importancia de un marco institucional sólido para garantizar la competencia justa en los mercados, con el complemento de la libertad de mercado aceptando la intervención estatal selectiva para corregir fallas y proteger al consumidor de los abusos.

Esta visión reconoce que la legislación juega un papel fundamental para garantizar la economía de mercado, pues previene la formación de monopolios y oligopolios, la competencia desleal y, sobre todo, protege a los consumidores de prácticas abusivas de empresas con poder. La legislación también permite una intervención estatal controlada, buscando garantizar la competencia en igualdad de condiciones, lo que al final, según esta corriente, provoca la eficiencia económica.

Esta variante del liberalismo, considera al estado y su intervencionismo como algo esencialmente jurídico, pues busca imponer normas y reglas universales que deben tener un sustento supranacional para que se cumplan. Por eso, en sus inicios la OMC se configuró como un andamiaje jurídico de normas comerciales para establecer la constitución mundial en el ámbito del libre comercio, un marco de actuación supranacional e internacional que permitiera normar la participación de todos los países miembros en distintos ámbitos, incluso en espacios que no necesariamente eran estrictamente comerciales. Así nació el Acuerdo sobre Inversiones, que trató de dotar de privilegios y ventajas a los empresarios para garantizar sus capitales en cualquier parte del mundo, pero su intento fue frustrado, surgiendo luego el Centro Internacional de Arreglo a la Diferencia en Inversión CIADI, que se dedica al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales, bajo los auspicios del Banco Mundial.

En el otro extremo están los anarco capitalistas o libertarios que continúan pensando que la norma principal que mueve el mundo es la competencia, principalmente aquella que se hace con “personas libres sin intervención estatal” en dónde la empresa se convierte en un modelo de comportamiento competitivo. Estos abogan por la destrucción total del estado y la eliminación de la entidad coercitiva que restringe la libertad individual y el libre mercado, pensando que todas las sociedades que eliminan esa injerencia estatal logran auto regularse por medio de contratos privados de cooperación voluntaria, pero, siempre contando con la protección coercitiva y violenta del Estado, solamente para garantizar las transacciones y el supuesto “derecho de propiedad”.

Por eso, los anarco capitalistas o libertarios se oponen a una ley de competencia, dado que la consideran una intervención innecesaria del Estado que altera la capacidad del mercado de autorregularse. Para von Mises, cualquier intervención es una traba para el mercado que limita la libertad individual y crea incentivos perversos, un eslogan frecuentemente utilizado por los libertarios en Guatemala. Su argumento es básico: “cuando el Estado interviene genera un sistema de privilegios que distorsionan el mercado”, aduciendo que la manera más efectiva de proteger a los consumidores son los contratos aceptados entre las partes y respaldados por un sistema judicial fuerte y coercitivo que obligue a su cumplimiento.

La discusión sobre la conveniencia o no de la Ley de Competencia ha generado controversias sobre la orientación de la conducción neoliberal de la economía. La concepción del individualismo social choca abiertamente con la tolerancia del poder económico para gestionar una normativa que podría cuestionar, pero nunca hacer peligrar, el poder económico que determinadas empresas tienen en diferentes mercados nacionales.

Es un choque sin víctimas y un debate sin posturas. Para la Asociación de Investigación Económico Social Asies, lo que hay es falta de voluntad política lo que provoca la no existencia de una ley de competencia en el país. Alexandre Segovia le llamo el gran fracaso a la existencia de 150 años de capitalismo ineficiente en Centroamérica, que se ve reflejado en la incapacidad del Estado de Guatemala para cumplir mínimamente con los compromisos asumidos dentro de una agenda marcadamente neoliberal. Es la lucha de las empresas monopólicas de Guatemala, frente al reclamo internacional de la competencia. En otras palabras es la lucha de la burguesía criolla subalterna representado en el CACIF, en contra de los capitalistas transnacionales neoliberales.

Lo positivo de esta discusión es el cuestionamiento de las prácticas empresariales sustentadas en monopolios, duopolios y carteles integrados en cadenas de mercancías con el exterior. La ausencia de una ley como tal, se explica por la resistencia de empresarios que tienen mucho que perder y poco que ganar con mercados más competitivos, a pesar que son, impulsores de la libertad de mercados. Por esa hipocresía de la burguesía criolla, el debate sobre políticas de competencias se esconde por un interés particular que permite a los actores con poder, oponerse con impunidad a un cambio institucional que no desvirtúa el predominio capitalista del mercado y la propiedad privada.