Seguridad alimentaria, pobreza y desarrollo económico en Guatemala

Por Mario Rodríguez Acosta[1]

El último estudio del Programa Mundial de Alimentos PMA sobre la seguridad alimentaria de Guatemala muestra datos alarmantes. De acuerdo con el informe, para el año 2023 el 26% de los hogares guatemaltecos se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria moderada y un 3% en severa. Con esos datos, el informe estima que “4.3 millones de guatemaltecos están en situación de inseguridad alimentaria, de los cuales, 3.8 millones en una situación moderada y 0.5 millones en una situación severa”[2].

Cuando el problema de inseguridad alimentaria afecta a un tercio de la población total del país las consecuencias son devastadoras, tanto para las familias que ahora están afectadas, como para las futuras generaciones que verán mermadas sus condiciones de salud, debido a que esta situación abarca múltiples aspectos de la vida, como la desnutrición crónica que se manifiesta en retraso del crecimiento que en casos graves provoca la muerte de niños y niñas menores de cinco años, tomando en cuenta que la desnutrición debilita el sistema inmunológico, haciendo más propenso a la persona de contraer neumonía, diarrea, tuberculosis.

Un análisis del aparato productivo guatemalteco, permite observar que los principales productos agrícolas del país son el maíz, frijol, café, arroz, cardamomo, cítricos, hortalizas, banano, caña de azúcar, palma africana y ganadería. Unos son productos destinados para el mercado interno y forman parte de la canasta básica de alimentos, otros son productos de exportación. Los cultivos básicos como el maíz y frijol proporcionan entre un 10 y un 20 por ciento del consumo total de alimentos. Con la apertura comercial se puso en riesgo la autosuficiencia productiva de granos básicos y ahora se importa arroz y frijol, mientras los contingentes de maíz continúan creciendo.

En los últimos 20 años, el país ha estado sometido a varios eventos climáticos, como tormentas tropicales, sequías, canículas prolongadas y últimamente a incendios que han afectado diversas zonas de biodiversidad y áreas de cultivo afectando principalmente la producción campesina. Además, se cumplen dos décadas de políticas neoliberales que impulsó el libre comercio y las consecuencias están a la vista. Ambos aspectos han afectado directamente a la población provocando mayor pobreza y exclusión social.

La pobreza es una condición estructural e histórica del país, caracterizado por sus altos niveles de marginación, bajos indicadores sociales y con los índices de desigualdad social más altos de América Latina. Según entidades financieras internacionales, el bajo nivel de los ingresos fiscales y el insuficiente gasto social, merman la capacidad del país para invertir en capital humano que brinde mayores oportunidades a la población para reducir la pobreza.

Pero la otra Guatemala, muestra indicadores macroeconómicos favorables. La economía muestra un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto y el Banco Mundial clasifica al país con Renta Media Alta. En otras palabras, la economía guatemalteca es la más grande de la región centroamericana, la que produce mayor riqueza, pero no cuenta con mecanismos de redistribución de la riqueza generada.

Por eso cuesta entender cómo un país con tanta riqueza disponible y de recursos naturales abundantes se puede permitir un nivel de inseguridad alimentaria que afecta directamente a un tercio de su población.

La falta de empleo rural, la degradación de los medios de subsistencia de la población en esas zonas y las actividades extractivas, provoca que en los meses de abril a septiembre se observe el fenómeno de estacionalidad del hambre. En abril se termina por lo general el empleo agrícola en las grandes plantaciones y la inversión de la siembra del maíz comienza, lo que se realiza en mayor volumen en áreas pequeñas y marginales de siembra. La incertidumbre de la lluvia y los fenómenos climáticos asociados generan amenazas y riesgos en los meses de agosto que se obtiene la primera cosecha de maíz y comienza la temporada de empleo agrícola incrementando la migración interna, hasta la cosecha de frijol y maíz del siguiente año, en enero.

La principal fuente de ingreso de la población rural proviene de la venta de mano de obra, vinculada a la agro industria, actividades ganaderas, agroforestales y grandes plantaciones de monocultivo, incluyendo la producción del café, banano, palma africana y actividades extractivas. Otra parte del ingreso proviene principalmente de actividades comerciales agrícolas como la venta de animales silvestres, la extracción de leña, madera y hortalizas, la recolección de frutos; buena parte de la población se dedica a la intermediación, otra parte importante tiene actividades de subsistencia, migra en determinadas épocas del año a trabajos temporales vinculados a la cosecha de café, caña de azúcar y con la estacionalidad de la producción, obtienen ingresos, pero muchas familias no logran satisfacer adecuadamente sus necesidades básicas.

La evolución del mercado laboral agrícola es uno de los aspectos más débiles del desempeño económico del país, ello ha sido resultado de la combinación de diversas tendencias económicas, aunadas también a la acelerada dinámica demográfica, principalmente por el veloz aumento de la población en edad de trabajar que superó al crecimiento de la oferta de empleos y que ante la falta de oportunidades prefirió emigrar.

El país no logra aumentar ni mantener el ritmo en la creación de empleos formales, lo que provoca la migración y la expansión acelerada de los sectores informales, actividades que se caracterizan por su baja productividad, bajos niveles de ingresos, con su innata inestabilidad y precariedad. Por otro lado, pese a la recuperación del crecimiento económico después de la pandemia, la pobreza mantuvo índices elevados en Guatemala producto de alto niveles de corrupción e impunidad.

Es decir, el país mostró una baja capacidad para extraer beneficios al crecimiento económico que provocó el auge exportador y del incremento de la riqueza generada, porque los niveles de explotación de la los trabajadores se incrementó gracias a la precarización del trabajo. Creció la informalidad y la migración como una salida laboral y un mecanismo de sobrevivencia ante la falta de oportunidades. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) contabilizó para el 2023, la cantidad de 460,279 guatemaltecos detenidos intentando cruzar las fronteras de ese país, cifras que reflejan el drama que provoca la inseguridad alimentaria y la pobreza.   

EL combate a la pobreza se había ralentizado antes del Covid-19, pero sin estadísticas nacionales actualizadas y confiables, se asume que se incrementó. El último informe de Desarrollo Humano 2023, presentado por el PNUD, muestra retroceso en todos los indicadores sociales. Aunado a los pocos avances en materia de seguridad alimentaria, la desnutrición se fue convirtiendo en una crisis estructural permanente, al grado que para el 2024, en la Semana Epidemiológica 15, el ministerio de Salud registra 7,120 casos de desnutrición aguda, número superior a las registradas en los 3 años anteriores, mostrando una tendencia negativa, reflejo de la inacción del gobierno de Alejandro Giammattei.

No obstante, al evaluar el desempeño económico en términos del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) por habitante, los resultados muestran creación y concentración de riqueza. El comportamiento del PIB agrícola ha crecido lentamente a lo largo de los últimos cuatro años, pero llama la atención que la contribución de los productos tradicionales de exportación continúa teniendo el mismo peso histórico de siempre, no así los llamados productos no tradicionales, que a pesar del apoyo que tienen, tanto del estado como de la cooperación internacional, su contribución sigue siendo menor.

Por eso, el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional del país es complicado, dado los datos existentes, tenemos que una parte de la población tiene carencias nutricionales que afectan el desarrollo adecuado de su vida, mientras que la estructura económica productiva del país muestra signos de crecimiento económico que no se traducen en desarrollo, ni en bienestar para la población. En otras palabras, el informe recién presentado muestra cómo el Estado de Guatemala ha fracasado en defender el derecho a la vida de la población.  Lo que posterga el anhelado y esperado desarrollo socio económico.


[1] Economista. Miembro del Instituto Guatemalteco de Economistas.

[2] El informe se puede obtener aquí https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000152353/download/

Imagen portal Sesan