Mario Rodríguez Acosta
A primera vista, la economía guatemalteca es, por mucho, la más dinámica de Centroamérica, si se toma en cuenta que tiene la mayor población, el mayor producto interno bruto y su economía se encuentra en pleno crecimiento, incluso después de la recuperación de la pandemia del Covid-19. Eso la ubica como una economía en pleno desarrollo y para las instituciones financieras internacionales, la consideran una economía dinámica.
Según esas instituciones ese dinamismo se debe a la estabilidad macroeconómica, a una gestión fiscal prudente y al mantenimiento de una economía abierta, tres elementos que contribuyen al crecimiento económico y a la estabilidad que actualmente tiene la economía guatemalteca.
Pero qué significa esto para la economía popular, para las poblaciones rurales, para los pueblos indígenas, para el sector informal de la economía y en general para la población trabajadora. Y por qué, si existe crecimiento económico por encima del promedio histórico, este no se traduce en una reducción de la pobreza; por el contrario, el crecimiento de la riqueza lleva consigo un incremento de los niveles de desigualdad y la pobreza. Por qué los indicadores de desarrollo humano están estancados y se ubican entre los más bajos del continente y la pobreza se ha incrementado, sin cumplir los Objetivos de Desarrollo Sustentable ODS a los qué el país se comprometió.
La coyuntura actual se puede resumir de la siguiente manera: la economía guatemalteca funciona sobre la base de un modelo que privilegia el equilibrio macroeconómico, con una democracia débil, una sociedad fragmentada y un sistema político y judicial socavado por la corrupción y la cooptación, producto de la degradación de la política, provocada por el modelo neoliberal. Esto permite que sean las élites económicas y los grupos políticos que controlan el poder, con la participación del crimen organizado, los únicos que se beneficien del sistema económico, pues las políticas públicas no responden a las necesidades de la población.
En ese escenario, el modelo económico no se puso en duda, ni en peligro. El esquema desarrollado por el neoliberalismo criollo está sustentado en un andamiaje legal que impide cambios sustanciales en la orientación económica, además es respaldado por la sumisión intelectual de la élite gobernante, dado que la mayor parte de tecnócratas y funcionarios de gobierno han adoptado el pensamiento neoliberal como una receta que habrá que seguir para cumplir con los objetivos y metas propuestas en materia económica.
Desde la implementación de los programas de ajuste estructural, el nuevo papel del estado en la economía y la implementación de la política económica neoliberal ha generado una generación de políticos, técnicos y funcionarios públicos que piensan y actúan en clave neoliberal sin importar su orientación ideológica y su postura política sobre problemas reales que deben resolver. Tener presente esto, permitirá comprender por qué en un país con tantos recursos naturales y con un aparato productivo que produce la mayor riqueza del istmo centroamericano, existe tanta desigualdad social que provoca la muerte por desnutrición de la niñez rural en situación de riesgo y por qué los conflictos sociales y la violencia son parte del mismo proceso de explotación.
El dinamismo que refleja este cambio en la economía guatemalteca, no se sustenta, sin embargo, en una mejora significativa del coeficiente de pobreza, ni el coeficiente de Gini y por lo tanto, esto no se traduce en una mejora significativa que disminuya la desigualdad.
Guatemala se encuentra en un momento delicado de su desarrollo económico, político y democrático. Al deterioro de la situación política se suma la inconsistencia de la política social del actual gobierno social demócrata de Bernardo Arévalo, que, a pesar de la mejora en los lineamientos de política, en 6 menos poco o nada ha cambiado. Nuevamente se fortalece la política extractiva, la defensa de la propiedad privada y el fortalecimiento de las estructuras productivas en el agro guatemalteco.
La elevada incidencia de la informalidad en los trabajadores jóvenes, es una bomba de tiempo, según la OIT, debido a que el estado no desarrolló proyectos que incentiven la creación de puestos de trabajo y la educación ha sufrido una serie de complicaciones que hacen difícil estimular una mejorar en la preparación de los jóvenes el proceso de migración continuará a pesar de los riesgos que ello implica sorteando los obstáculos que imponen Estados Unidos.
Como se observa, existe una multi polarización en distintos campos que hasta el momento afectan tangencialmente la esfera económica. Lo más urgente es reorientar las políticas públicas, pues la misma inercia del gobierno hace que la continuidad de las acciones económicas no tiene sentido cuando no lograr desactivar dicha conflictividad, más bien, los posibles incrementos de los precios de la canasta básica, han generado inquietud entre la población, mientras no den respuestas a las demandas sociales, más bien se acomodan a pactos políticos.
Cuesta imaginar el futuro mejor si el gobierno no tiene una visión clara, ni logra eliminar el mayor peligro político que en la actualidad tiene y está representada por la fiscal general.