Estado de la seguridad alimentaria en Guatemala

La investigación se realizó en el marco del Convenio de Cooperación entre la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Delegación de la Unión Europea en Guatemala, bajo el contrato de servicios para el Monitoreo Social del Programa de Apoyo Presupuestario al Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina en Guatemala, (MSPAFFEC).

Es parte del trabajo de investigación realizado por el Observatorio para la Seguridad y Soberanía Alimentaria y Desarrollo Rural Integral OSSANDRI, conformado por instituciones e instancias de la sociedad civil.

Resumen ejecutivo

El presente informe reflexiona sobre la situación de seguridad alimentaria en el país en los años 2017 – 2018. El estudio trata de explicar la situación actual, el abordaje que adoptan las políticas públicas y los enfoques con que se asume la problemática; analizando el fenómeno desde el accionar de los actores involucrados en el tratamiento del problema.

Se parte de la caracterización de la seguridad alimentaria a partir de los perfiles de medios de vida, para luego abordar los factores internos y externos que afecta la situación, el modelo económico y la evolución de la pobreza, en donde el propio Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo calcula que existen millones de personas que viven en condiciones de pobreza.

Entre los factores que afecta la desnutrición y la inseguridad alimentaria se menciona la enorme brecha que separa a la población indígena del acceso a una alimentación adecuada y a los recursos necesarios para alcanzar un desarrollo sostenible. La evolución de la desnutrición crónica genera también condiciones negativas en la salud de la niñez y por consiguiente genera un círculo vicioso de pobreza.

El deterioro de la capacidad adquisitiva de las familias en riesgo de vulnerabilidad es otro factor que contribuye a la inseguridad alimentaria. Los indicadores de desnutrición de la niñez indica un incremento de los porcentajes que niños y niñas que están con bajo peso al nacer, pasando de 8.3% en el año 2005, al 12.7% en el 2016.[1]

El estudio hace un análisis de las diferencias existentes entre los conceptos de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. El primero tiene su origen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el marco de las conferencias sobre agricultura que se llevan a cabo al amparo de Naciones Unidas, el segundo fue desarrollado por el movimiento campesino Vía Campesina, quién propuso el concepto de soberanía alimentaria, vinculado a aspectos de seguridad nacional, asumiendo en la declaración de Nyléléni la siguiente descripción: “soberanía alimentaria pone a aquellos que producen, distribuyen y necesitan alimento nutritivo y local en el corazón mismo de los sistemas agrícolas y pesqueros, antes que las demandas del mercado y de las corporaciones quienes reducen la alimentación a pedazos de mercancías” (Nyéléni, 2007).

El derecho a la alimentación fue formalmente reconocido con la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por Naciones Unidas. El derecho a la alimentación es un derecho de segunda generación, como el trabajo y la educación.

El relator para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, sintetizó el derecho de la alimentación como el “acceso de manera regular, permanente y libre, directamente o me mediante compra con dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna” (Ziegler, 2003).

Dentro de los instrumentos jurídicos internacionales está;

  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC. Reconocimiento a un nivel de vida adecuado.
  • Protocolo de San Salvador. Busca hacer efectivo el derecho a la alimentación, erradicar el hambre y la desnutrición.
  • Las directrices voluntarias del derecho a la alimentación.
  • Convención sobre los derechos del niño.
  • Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
  • Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El Estado como respuesta a la problemática estructuro la política agraria cuyo componente principal es la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral-PDRI-, que nació sin una ley específica y sin vínculos interinstitucionales de coordinación a pesar que esa política se vincula con doce instituciones gubernamentales. El otro componente de ese andamiaje es la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que busca el fortalecimiento de la política, creando instituciones para el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y generando iniciativas para focalizar el ámbito de actuación priorizado en las acciones propuestas con la población más vulnerable.

La política agraria guatemalteca busca transformar la situación agraria del país, centrado en tres aspectos de la PNDRI, i) el sujeto priorizado, ii) el carácter multisectorial; y, iii) el rol del Estado. Sobre esa base considera al territorio como una construcción social, que buscan generar una sola dirección estratégica a las diversas intervenciones territoriales que se ejecutan en los ámbitos rurales. El desarrollo Rural Integral- DRI-, se conceptualiza como un proceso afincado en el territorio rural, con sus propias dinámicas, que busca favorecer el crecimiento económico.

La reducción del hambre fue parte fundamental en el logro de los denominados Objetivos del Milenio planteados por la Organización de las Naciones Unidas, para ser cumplidos antes del arribo del año 2015. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, Guatemala fue uno de los países que no logró alcanzar la meta. Con los objetivos de desarrollo Sustentable ODS, nuevamente el tema del cumplimiento sigue presente,  dado que constituye un asunto prioritario el conocer la situación de la producción de alimentos en el país, los niveles de pobreza, marginación y desigualdad social en que se encuentra y la incapacidad gubernamental para gestionar las políticas públicas en general.

Por su parte, en el marco de la responsabilidad social empresarial, el sector privado ha participado en algunos proyectos para resolver el problema de inseguridad alimentaria, juntos el gobierno de Guatemala, los donantes internacionales, las ONGs y las empresas han financiado cientos de iniciativas para comprender y combatir la desnutrición y reducir el hambre, las inversiones han sido millonarias en muchos proyectos que pretendían mejorar la seguridad alimentaria y fomentar el desarrollo rural.

Estas acciones son un paliativo ante las políticas neoliberales de apertura comercial que han ido minando las bases de la producción agroalimentaria nacional a partir de las asimetrías entre socios comerciales desiguales. El capital internacional promueve sistemáticamente la sustitución de las pequeñas unidades campesinas por monocultivos intensivos que maximizan la renta de la tierra, pero sacrifican la calidad ambiental y las culturas de los pueblos.

Los pequeños productores independientes van perdiendo importancia en este modelo en el cual las más grandes empresas van ganando cada vez mayores porciones del mercado, los grandes consorcios resultan del establecimiento de alianzas estratégicas, propiedades conjuntas, capital de riesgo y fusiones. El resultado es una mayor fusión económica.

La sociedad civil de Guatemala ha participado activamente tanto en el análisis-evaluación de proyectos y políticas gubernamentales, como en propuestas específicas de acciones encaminadas a la atención de la problemática de la inseguridad alimentaria que sufren grandes sectores de la población.

Desde los inicios de la construcción de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2005), líderes y lideresas del movimiento campesino, indígenas, de mujeres, se vincularon en la discusión, análisis y formulación de ambos instrumentos que marcaron el inicio de un abordaje sistemático de la problemática de inseguridad alimentaria y nutricional en el país.

El actual modelo de desarrollo económico, generador de una crisis de vida, expresado en el cambio climático, pérdida de ecosistemas, y por tanto, de biodiversidad y fuentes hídricas, ha aportado en gran medida al actual desequilibrio en la relación humanidad-naturaleza. Su mitigación amerita cambios estructurales a largo plazo y a nivel civilizatorio; ejemplo de ello es la propuesta de prácticas como el Buen Vivir o Sumak kawsay.

En un contexto nacional y regional en donde la soberanía y seguridad alimentaria adquieren cada vez más una mayor relevancia, el desarrollo de nuevas políticas enfocadas en superar la inseguridad alimentaria requiere necesariamente de instrumentos y experiencias que faciliten su implementación efectiva en el territorio, para lo cual el Enfoque Territorial Participativo ha probado ser una herramienta muy pertinente frente a este reto.

Las principales acciones, comunitarias y organizativas, que se han llevado a cabo partiendo de la realidad concreta actual, marcada por una correlación de fuerzas totalmente desfavorable a la soberanía alimentaria, pueden mencionarse:

  • Valorización de los aportes reproductivos de las mujeres en el tema alimentario (recolección, cultivo, conservación, transformación y administración de alimentos) y búsqueda de la participación igualitaria de los hombres en estas tareas.
  • Sistemas productivos naturales, agroecológicos y formas de intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias locales.
  • Fortalecimiento a la economía familiar y comunitaria, acciones en defensa de la nutrición y salud integral, consumo responsable.
  • Acercamiento entre consumidores y productores, intercambio de productos y conocimientos.
  • Recuperación de formas económicas ancestrales, en especial las propias de los antiguos grupos subalternos.

 

En los últimos años, se ha logrado construir una cooperación horizontal, basada en la confianza y corresponsabilidad con los movimientos campesinos, ésta representa para varias organizaciones de la sociedad civil, una estrategia que pretende romper con la dinámica tradicional de dependencia y de caridad que se instaló por organismos muy grandes que buscaban únicamente elementos de productividad y no políticos.

Desde la perspectiva de la soberanía alimentaria ha sido una buena práctica poner la atención sobre la percepción de los actores locales, hacia sus problemáticas, expectativas y sus aspiraciones futuras; así como también rescatar la dimensión endógena y participativa que emerge de la capacidad creativa e innovadora de los actores locales.

Para no repetir un modelo basado en la transferencia monetaria, tecnológica y de conocimiento científico, sin generar procesos de reflexión social o política, que ha determinado la pérdida de fortaleza de las instituciones nacionales, la desestructuración de los movimientos sociales, una dependencia económica y un debilitamiento del Estado, es fundamental que las ONG no pretendan sustituirse a las administraciones locales, sino que apunten a su fortalecimiento articulando propuestas para la construcción de una soberanía nacional.

Las reivindicaciones de la soberanía alimentaria tienen que pivotar alrededor de la recuperación de una producción de alimentos que sea agroecológica, sustentable y permita el mantenimiento de la economía familiar y comunitaria. Las técnicas de manejo, las metodologías de extensión y formación, las prácticas de redistribución de la riqueza, de intercambio y comercialización, tendrán que surgir desde la creatividad innovadora de las personas, las organizaciones solo podrán acompañar tales procesos de construcción de identidad, recuperación de autoestima y autodeterminación, acordándose quienes son los sujetos protagonistas del desarrollo rural.

[1] Datos del estudio línea de base de Paffec, elaborado por Facultad de Agronomía en el marco del convenido con la Unión Europea y la Universidad de San Carlos de Guatemala.