La “prosperidad común” de Xi Jinping

Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China

En la China de la reforma auspiciada por Deng Xiaoping, la agenda social ha formado parte del catálogo de recriminaciones a su modelo de “socialismo con peculiaridades chinas”. En efecto, el denguismo hizo tabla rasa con el igualitarismo maoísta promoviendo que “unas personas y regiones se enriquecieran antes que otras” habida cuenta que no sería posible que todas lo lograran al mismo tiempo. La búsqueda del crecimiento rápido, la máxima eficacia económica y el desprecio de la justicia social condujeron a niveles de desigualdad superlativos: en 1978, al inicio de la reforma, el índice Gini era del 0,16 mientras que aún hoy día, en la China de Xi Jinping, en 2017 ascendía a 0,46, con el pico máximo en el 0,49 en 2008. Sin duda, el denguismo infravaloró las consecuencias de aquellas políticas económicas orientadas al crecimiento a toda velocidad del PIB que sin bien logró la sorprendente transformación de China (32ª potencia del mundo en 1978 y 2ª desde 2011) convirtió el país en uno de los más desiguales del planeta.

Pese a ello, el objetivo de construcción de una “sociedad modestamente acomodada” es consustancial al denguismo, formando parte de su elenco de objetivos generales. En el periodo comprendido entre 1978 y 2012, en el cual acotaríamos el denguismo, a la par que el crecimiento se produjeron importantes transformaciones sociales. Si bien se confirmó el auge de la desigualdad como un efecto indeseado de la reforma, también es verdad que dicho fenómeno debe ser contextualizado en el marco de los profundos cambios experimentados en este orden, afectando a la totalidad de los sectores sociales. La fragmentación y las intensas modificaciones de la estructura socio-demográfica se desarrollaron a la par que una mejora significativa de las condiciones de vida en el campo y en el entorno urbano, aunque con diferencias sustanciales en materia de ingresos, acceso a servicios públicos, etc.

El giro hacia una mayor sensibilidad en la cuestión social se inició en el denguismo tardío, con Hu Jintao (2002-2012). La “sociedad armoniosa” pretendía pasar página de la desconsideración de la justicia social, incorporando dicho factor (junto al tecnológico o ambiental) a los pilares del nuevo modelo de desarrollo chino que debía convertirla en la primera potencia económica del planeta. La formulación de Hu ofrecía, por añadidura, una aproximación semántica confuciana, en línea con otras manifestaciones de reconciliación con aquel ideario, largamente denostado durante el maoísmo, y que ahora renacía como aporte al blindaje ideológico y cultural frente a la influencia occidental. Por otra parte, por primera vez, en los planes quinquenales se adjetivaron los objetivos de crecimiento complementándolos con los referidos al ingreso per cápita de forma que pudieran avanzar a la par.

Sin embargo, la evolución ha sido errática. Si en los primeros años fue positiva aunque lenta, dicho rumbo no se ha podido mantener. En 2015, por ejemplo, ya en plena vigencia del xiísmo, el índice Gini ascendía a 0,462, pasando a 0,465 en 2016 y 0,467 en 2017. Ello a pesar de mantenerse la retórica oficial de compromiso con la reducción de las desigualdades, focalizando particularmente en la eliminación de la pobreza extrema. De los tres pilares que el PCCh señala como arietes de la transformación del modelo de desarrollo es probablemente el social –junto al tecnológico y ambiental- el que más retrasado avanza en su implementación.

En el xiísmo, la construcción de una sociedad modestamente acomodada forma parte de las “cuatro integrales”, junto a la profundización de la reforma, el Estado de derecho y la gobernanza estricta del PCCh. Popularizadas por Xi Jinping, constituyen el vademécum militante en la China actual.

La “prosperidad común”

El concepto general de consecución de una “sociedad modestamente acomodada” vino a materializar el objetivo de construcción de una especie de Estado de bienestar a la china que abarcara la satisfacción de las necesidades más elementales (alimentación, vestido, vivienda…). Sin abandonarlo, el xiísmo recupera e incorpora la noción de “prosperidad común”, ya explicitada durante el maoísmo y ahora directamente relacionada con la búsqueda de un desarrollo de alta calidad.

Para el xiísmo, la prosperidad común es un requisito esencial del socialismo y una característica clave de la modernización del modelo chino. Por otra parte, su implementación trataría de fortalecer los cimientos de la gobernación de largo plazo del Partido desarrollando políticas centradas en la promoción del bienestar mediante acciones decisivas de redistribución de la riqueza. La conformación de dicha sociedad con mayores niveles de justicia social es uno de los impulsos políticos principales que connotan esa China que avanza hacia su segundo objetivo centenario (2049).

La prosperidad común se plantea como la definición de una tercera vía entre el igualitarismo, que rechaza abiertamente descartando cualquier enfoque neomaoísta, y una desigualdad exacerbada, apostando por una prosperidad compartida por todos, tanto en términos materiales como culturales, que será impulsada gradualmente.

El origen de la expresión se remonta a 1953, es decir, cuatro años después de la proclamación de la República Popular y en un contexto marcado por la colectivización, el desarrollo de los equipos de ayuda mutua y cooperativas, ligado, por tanto, a la propiedad colectiva y a la puesta en común de los recursos disponibles.

También matiza el enfoque denguista. En ese replanteamiento que supuso la “reforma y la apertura” a partir de 1978, se avaló un nuevo enfoque basado en la idea de que “ciertas regiones y grupos de personas se enriquecieran primero”. El debate sobre la prosperidad común y el enriquecerse primero estuvo presente en la agenda china a finales de los años setenta sobre la base de una superación progresiva de las restricciones del pasado igualitarista considerado ahora “empobrecedor”.

La formulación abanderada ahora por el PCCh incluye la generación de condiciones más inclusivas y justas para que la sociedad tenga acceso a una mejor educación y amplíe sus capacidades de desarrollo, así como la generación de un entorno económico que ofrezca oportunidades para que más personas se enriquezcan. También contempla la definición de un sistema científico de políticas públicas y un mecanismo de distribución razonable que beneficie a todos con énfasis en proyectos primarios e inclusivos que faciliten el bienestar social y garanticen la satisfacción de las necesidades básicas.

Según Xi Jinping, lograr la prosperidad común será una tarea de largo plazo, ardua y complicada que deberá promoverse de forma gradual y progresiva, agregando que las autoridades territoriales deben ser alentadas a explorar formas efectivas que se ajusten a las condiciones locales. En efecto, si a China le ha costado lo suyo llegar hasta aquí, es previsible que el nuevo impulso requiera también de perseverancia activa en ciertas políticas para transformar ampliamente la compleja realidad social actual. Lo que ahora se explicita es, por una parte, una más clara conciencia a propósito del fenómeno, y, por otra, una voluntad que no admite demora para encarar este reto, de cuyo éxito depende no solo la articulación del nuevo modelo de desarrollo (sin nuevos enfoques de la agenda social corre el riesgo de anclarse en la “fábrica del mundo”) sino hasta el éxito final del propio proceso de modernización.

El fomento de esta política contempla esfuerzos para abordar de forma adecuada la relación entre eficiencia económica y equidad social, realizar arreglos institucionales básicos sobre distribución del ingreso, expandir los colectivos con rentas medias, incrementar los ingresos de los colectivos con rentas bajas, ajustar los ingresos excesivos y prohibir los ingresos ilícitos para promover la igualdad y la justicia sociales.

Los correctivos introducidos forman parte del elenco de medidas orientadas a promover un desarrollo equilibrado, coordinado e inclusivo, pero también a perfeccionar la economía de mercado, reforzar el desarrollo equilibrado entre regiones y promover el desarrollo coordinado de todas las industrias.

En este contexto, los servicios públicos básicos deberán actualizarse para ser accesibles de forma más equitativa incrementando la inversión inclusiva de recursos humanos y mejorando los sistemas de cuidado geriátrico, la seguridad médica y el suministro de vivienda, promover la prosperidad común entre el campesinado y en las zonas rurales, consolidar y ampliar los logros de la eliminación de la pobreza, así como impulsar integralmente la revitalización de zonas rurales. En paralelo, enfatizando el rumbo sustancial de la reforma, se contempla la protección de los derechos de propiedad, los derechos de propiedad intelectual y las actividades lucrativas a través de medios legales y facilitar el desarrollo bien regulado de los diferentes tipos de capital.

El nuevo enfoque promovido por el PCCh debe materializarse en una “regulación más estricta de los salarios altos”, según se indicó en una reunión de la Comisión Central del PCCh para Asuntos Financieros y Económicos celebrada el pasado agosto y presidida por Xi. El mensaje, que quiere enfatizar objetivos sociales más amplios, aspira a animar a los grupos y empresas con altos márgenes de beneficio a devolver más a la sociedad, estableciendo que la prioridad ahora es la “prosperidad para todos”. Solo unos días después de este encuentro, Tencent, una empresa de referencia, anunciaba un plan para duplicar su fondo dedicado a causas sociales, destinando 50 mil millones de renminbi adicionales (7,7 mil millones de dólares) para apoyar acciones vinculadas a la revitalización rural, la mejora de la eficiencia de la economía rural, el aumento del ingreso para las personas pobres, la financiación de programas de educación inclusiva y otros recursos que mejoren la equidad social. También se ha sumado Alibaba y se espera que lo hagan otras muchas empresas privadas.

Este enfoque más social coincide con la presión regulatoria y anticorrupción contra algunos de los empresarios más ricos de China, ejemplificada en la cancelación de la oferta pública inicial de la empresa financiera tecnológica Ant Group -fundada por el magnate Jack Ma- en noviembre de 2020. Hubiera sido la mayor salida a bolsa de la historia, pero se canceló después de que Ma criticara a los reguladores financieros del país asiático. Además, la empresa de servicios de transporte compartido Didi Chuxing fue castigada por los reguladores chinos tras ignorar las advertencias de retrasar su cotización en la Bolsa de Nueva York. Tencent también está en el ojo del huracán. Las clases particulares y la preparación de los exámenes de acceso a la enseñanza superior fueron otro de los sectores afectados, exigiéndose ahora crear “condiciones más inclusivas y justas para que la gente mejore sus niveles de educación”.

China quiere acelerar la transición en el modelo económico del país, con el objetivo de lograr una mayor preponderancia del sector de los servicios y el consumo, en detrimento de las exportaciones y la construcción de obra pública. Para ello, es indispensable y urgente abordar la desigualdad en la distribución de la riqueza y la protección social en un contexto de aceptación de cierta disparidad. Por otra parte, las nuevas orientaciones reafirman la autoridad del PCCh y embridan las expectativas del sector privado, claramente sujeto a las previsiones de la política general implementada por el Estado sobre la base de la primacía de los valores sociales sobre los comerciales. Esto implica que las empresas privadas chinas deberán incrementar sus objetivos sociales en una dinámica que, probablemente, tanto en su dimensión teórico-conceptual como práctica, se dilucidará en el futuro.

De Xiong´an a Zhejiang

Xiong´an es un proyecto de desarrollo urbano que incluye el traslado de parte de la capital Beijing. Pero también es más que eso. El plan general de Xiong’an se hizo público el 21 de abril de 2018 y representa un reto socioeconómico y político para Xi Jinping, quien lo ha asumido como una de las marcas de su mandato. Xi sueña con un desarrollo urbano y territorial, necesariamente inclusivo, que permita la modernización socioeconómica del país. Para algunos críticos, la formulación del proyecto tiene los rasgos políticos de un mundo utópico orwelliano inspirado desde arriba, mientras que otros comparan el proyecto con el “Gran Salto Adelante” de Mao por el idealismo y voluntarismo que lo impregna.

En el documento que establece las prioridades y el marco político general de las actuaciones que se llevarán a cabo de aquí a 2035 se insiste en su “profundo significado histórico y estratégico”. En sus 10 capítulos, el plan establece el objetivo final de crear un desarrollo urbano adaptado a la nueva era, construido en un “entorno ecológico natural”, (…) “que permita el desarrollo de tecnologías e industrias avanzadas, dotado de servicios públicos y transportes urbanos de alta calidad”, todo ello en una “ciudad verde e inteligente”, dotada de un moderno sistema de seguridad y socialmente equilibrado en todos los aspectos.

Destinada a albergar las funciones “no políticas” de la capital, la zona albergará colegios, hospitales, centros empresariales y financieros, e industrias libres de contaminación, todo lo cual debe ajustarse a los criterios del gobierno de una ciudad moderna adelantada a su tiempo. Según el PCCh, debe ser una expresión del desarrollo moderno del país y de las ventajas del ‘socialismo con características chinas’, constituyendo una ciudad modelo sin precedentes en la historia del desarrollo humano.

El proyecto de Xiong’an, que se suma a Shenzhen, Pudong y Zhuhai en la lista de zonas de desarrollo a las que el gobierno central ha prestado especial atención en las últimas cuatro décadas, difiere de las experiencias anteriores. Mientras que en las primeras zonas se afirmaba una voluntad de abrirse al mercado, de experimentar con el capital y las iniciativas de los empresarios privados, el desarrollo de la zona de Xiong’an se articula, por el contrario, en una filosofía planificadora estrechamente controlada por el Estado. Su objetivo es tanto aliviar la capital (muy congestionada y con un preocupante estrés hídrico, acumulando barrios marginales en su periferia poblados por emigrantes mal aceptados por los pekineses) como crear un modelo de desarrollo urbano y sociopolítico capaz de corregir los efectos perversos del mercado. Ya en el primer anuncio público del proyecto en abril de 2017, se definió como un “modelo urbano innovador y sostenible para el nuevo milenio”. Xiong’an ayudaría a “eliminar las disparidades de desarrollo al tiempo que aceleraría el ascenso de las zonas de desarrollo de Beijing-Tianjin-Hebei en el norte y el del Delta del Río Perla en el sur”.

Con la intención de controlar los excesos codiciosos del mercado inmobiliario mediante un estricto control de los precios, la construcción de zonas de viviendas propiedad del Estado a precios asequibles y la creación de centros públicos de alta tecnología en torno a modernas plataformas universitarias, también trasladadas desde Beijing, Xiong’an se ha erigido en “zona virtuosa ejemplar”. Ahora se está imponiendo como la matriz nacional para la planificación inclusiva y social del uso del suelo.

Con hospitales y una densa red de centros sanitarios públicos, acogiendo empresas estatales que proporcionan puestos de trabajo con buenos salarios, la zona se designa no sólo como modelo de desarrollo económico, sino también, por su ejemplar estética arquitectónica y la densidad de sus servicios sociales, como un lugar modélico para vivir donde las disparidades de renta son menos visibles.

Dando la espalda a años de desarrollo urbano basado en el modelo clásico de barrios atravesados por amplias avenidas peatonales, se espera que las nuevas ciudades planificadas de estilo Xiong’an se organicen en torno a calles a escala humana en las que se prohibirán tanto los negocios contaminantes como la propiedad individual, raíz de la especulación inmobiliaria. La ordenación del territorio contempla el objetivo de luchar no sólo contra la contaminación sino también contra la especulación inmobiliaria, principal responsable del desorbitado aumento del coste de la vivienda. Según los economistas y sociólogos chinos, ésta es la principal razón del descenso de la natalidad en el país.

La implementación del proyecto requerirá unos recursos tecnológicos y humanos muy importantes en comparación con otros grandes proyectos anteriores, incluidos los ya considerados “faraónicos” como las “Tres Gargantas”, los canales que llevan las aguas del Yangtzé al río Amarillo o los Juegos Olímpicos de 2008. Para hacernos una idea, según las estimaciones de Morgan Stanley, la inversión pública necesaria se cifra entre 180.000 y 350.000 millones de dólares en los próximos diez años, frente a los 42.000 millones de los Juegos Olímpicos de 2008, es decir, entre 4 y 12 veces más.

A este nivel, con el objetivo de conectar todo el centro y el este del país con las zonas de desarrollo del norte y el sur, impulsándolo rápidamente hacia una modernidad “sostenible”, menos derrochadora, socialmente inclusiva, más convivencial, estética, atractiva y tecnológicamente innovadora que pueda incluso, dice el Partido, servir de escaparate para el mundo, el proyecto es ya el mayor y más caro de la historia de la China moderna.

En febrero de 2018, el Comité Permanente del Buró Político del PCCh destacó tanto el papel innovador piloto de la zona como su función de centro financiero internacional del futuro pero su ambición es mantener a raya los efectos perversos socialmente destructivos de un mercado descontrolado, dando la espalda a su “espontaneidad”, confirmando la visión planificadora y centralizadora de Xi Jinping, quien se juega su credibilidad en esta empresa.

Xiong´an es, por tanto, una prioridad presidencial y tiene un fuerte significado político vinculado a la forma centralizada y al sesgo estructural en que el país pretende modernizarse. Lo más destacable del proyecto es que su dinamismo se basa en el impulso público de la burocracia. Reitera esa voluntad de China de transformarse a su manera, en un esquema políticamente controlado, dando la espalda al paradigma de las antiguas zonas de desarrollo donde el criterio esencial era ajustarse a un modelo económico basado en la rentabilidad del capital aun a costa de un importante deterioro social.

El complemento del proyecto Xiong´an es la provincia de Zhejiang, altamente desarrollada, con varias zonas industriales y de alta tecnología. Su capital, Hangzhou, alberga fábricas y centros de I+D de Motorola, Siemens y Nokia, y es la sede de Hikvision, la empresa número uno en videovigilancia, de productos de belleza Meili, de automóviles Geely y de Alibaba, el gigante chino del comercio electrónico. Si en Xiong´an el experimento parte desde cero, aquí el contraste es evidente.

Zhejiang ha sido designada como provincia piloto del “socialismo de mercado con características chinas”, bajo la aspiración de reducir las brechas de desarrollo y los abusos creados por los excesos del mercado. El antiguo bastión político de Xi Jinping se convertirá en una “zona piloto para la prosperidad común”, ejemplo de la nueva agenda del “socialismo con características chinas” que ahora enfatiza la lucha contra los monopolios y el abuso de posición dominante a la par que promueve nuevos enfoques, más incisivos, a propósito de lo social. Los críticos de este impulso ponen el acento en el riesgo de que la intención correctora de las desigualdades acabe por debilitar y ahogar el espíritu empresarial que hizo rica a la provincia.

La hoja de ruta entregada a Yuan Jiajun, de 59 años, el exitoso secretario del partido de Zhejiang, ingeniero espacial formado en Alemania que fue vicedirector de China Aerospace y director del programa de vuelos espaciales tripulados, es extraordinariamente densa. Fue nombrado al frente de la provincia en 2020, tras haber sido su gobernador.

Abarcando un amplio abanico de áreas, la lista de objetivos es larga: promoción de la marca “producto de Zhejiang”; reducción de la huella de carbono; mejor circulación de la mano de obra mediante la abolición del hukou o permiso de residencia; mejorar la conectividad con las zonas de desarrollo adyacentes; luchar contra la especulación inmobiliaria y los monopolios; sin olvidar la panoplia de objetivos sociales que están en el centro de las preocupaciones de equilibrio presupuestario del Gobierno (salario mínimo, cobertura médica, pensiones, ayudas a las personas mayores y a las familias, a las que se puede añadir el apoyo a la natalidad mediante el aumento de la red de guarderías, última prioridad del Gobierno destinada a impulsar la demografía), etc.

Para llevar a cabo este proyecto piloto, que combina la planificación regional con los objetivos de desarrollo social y humano a una escala excepcional, la elección de Zhejiang como provincia líder, que ya es una de las cuatro más ricas de China tras las provincias de Guangzhou, Jiangsu y Shandong, no carece de relevancia. Zhejiang (64,5 millones de habitantes) ya se encuentra entre las menos desiguales del país, alberga numerosas pymes y una potente comunidad empresarial privada. En 2020, las empresas privadas representaban el 66,3% del PIB, el 74% de los ingresos fiscales, el 80% de las exportaciones y el 87% del empleo.

Según destaca la directiva de 12 puntos del Consejo de Estado, basada en “el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas”, Zhejiang debe, de aquí a 2025, aumentar el PIB per cápita en un 30 por ciento hasta alcanzar el nivel de las economías “medianamente desarrolladas” (es decir, 20.000 dólares per cápita, acercándose al nivel medio europeo de 23.000 dólares – estadísticas de 2020 -) ; y haber reducido las desigualdades entre las zonas urbanas y rurales.

La directiva hace hincapié en la mejora significativa del bienestar social y en el aumento del nivel de vida de los grupos de bajos ingresos. Por último, para 2035, la provincia debería haber alcanzado “la prosperidad común mediante, dice la directiva, “un desarrollo de alta calidad”.

Dado el alto nivel de dinamismo y crecimiento de la provincia (+3,6 por ciento en 2020 a pesar de la epidemia y una perspectiva de +6,5 por ciento en 2021), y gracias a la eficacia en la gestión del aparato burocrático, no es imposible que se alcancen los objetivos, por ambiciosos que sean.

Sin embargo, el simple inventario de las brechas de desarrollo entre provincias sugiere que el rendimiento será difícil de replicar en todas partes en un contexto en que las brechas de riqueza, que se habían reducido entre 2008 y 2015, están aumentando de nuevo. Tanto es así que Beijing ya no publica su índice de Gini, que revelaría una vuelta al nivel de desigualdad de hace quince años. Estimado en 0,47 (cero sería la igualdad perfecta), sería mucho más alto que la media de los países de la OCDE (0,3).

Todavía visible incluso en las afueras de las grandes ciudades, la pobreza extrema es el primer objetivo de Xi Jinping, cuya eliminación anunció a finales de 2020 no sólo por la preocupación social, sino porque su exhibición pública choca con su visión de una China poderosa, modelo de socialismo global. En esencia, las promesas sociales del gobierno son que todo el mundo pueda alimentarse y vestirse y beneficiarse de las “tres garantías” de acceso a la educación obligatoria, los servicios médicos básicos y la vivienda. Según los criterios oficiales, una “persona pobre” en China es alguien con una renta anual inferior a 4.000 yuanes (674 dólares).

Los propios funcionarios chinos admiten que el umbral es especialmente bajo. Mientras que la renta media anual en China es de 26.500 yuanes (39.200 yuanes -6.048 dólares- en las ciudades y 14.390 yuanes -2.220 dólares- en el campo), el listón internacional del 60 por ciento de la renta media para designar la pobreza en el campo debería ser de 8.600 yuanes (1.326 dólares), más del doble del umbral utilizado. En realidad, China lucha principalmente contra la gran pobreza rural. Y exige un gran esfuerzo.

El cálculo se cruza con la afirmación del primer ministro Li Keqiang en la videoconferencia de las sesiones anuales de la Asamblea Popular Nacional de mayo de 2020 de que 600 millones de chinos, el 40 por ciento de la población, viven con apenas 1.000 yuanes al mes (140 dólares). De estas, el 75,66 por ciento viven en zonas rurales. Por otra parte, en torno a unos 200 millones de personas (más de la cuarta parte de la población activa) tienen un empleo flexible o precario. Para abandonar la lista de los países más pobres del mundo, China debe aumentar significativamente los ingresos de una población del tamaño del África subsahariana y con una renta similar de 1.657 dólares.

El resultado es la persistencia de la migración interna de los trabajadores que, tras dejar su remota provincia interior para ir a las fábricas de la costa, envían parte de sus salarios a sus familias. Además, el Partido tendrá que abordar en algunas zonas la “pobreza media”, sin cuya superación será difícil avanzar en lo social incluso en provincias como Zhejiang, que ahora debe equilibrar sus loables objetivos con el riesgo de frenar el espíritu de empresa, dada la abultada presencia del sector privado. Equilibrar esas magnitudes y superar sus disfunciones exigirán el ejercicio de una acupuntura política al detalle y a la medida.

Las raíces de la situación a corregir son estructurales, ligadas a la disparidad regional de desarrollo. Esto es claramente evidente en las diferencias de los salarios garantizados, que van desde unos 2.200 yuanes (340 dólares) en la costa este hasta apenas 1.000 yuanes (140 dólares) en la mayoría de las zonas rurales. La experiencia de Zhejiang puede resultar de gran utilidad a la hora de universalizar sus efectos positivos.

Conclusión

China es ya una economía de ingresos medios altos. El PIB per cápita en 2020 ascendió a 10.516,6 dólares. Pero la segunda economía del mundo ocupa el puesto 85 -de 189- en el Índice de Desarrollo Humano. Su esperanza de vida (77,3 años frente a los 67,8 de 1981) o su tasa de alfabetización (96,8%) es alta. En 2020 anunció la erradicación de la pobreza extrema. Sin embargo, la desigualdad es muy elevada y la brecha entre el campo y la ciudad y entre unas regiones y otras, sigue siendo considerable.

El igualitarismo maoísta en un contexto de amplia pobreza (derivada del modelo feudal imperante hasta el siglo XX, lustros de guerra civil y contra el invasor nipón, la débil base industrial, etc.) se vio rápidamente quebrado por la transformación económica impulsada a partir de los años 80. En los 90, la desigualdad se exacerbó. Con el nuevo siglo se inició la corrección. Lo social hoy es un reto inaplazable para China y el PCCh.

Las décadas de liberalización económica han generado una enorme riqueza, creando una clase media de 340 millones de personas que ganan entre 15.000 y 75.000 dólares anuales. Se prevé que ese número alcance los 500 millones en 2025. Asimismo, a finales de 2020, China contaba con 5,28 millones de “millonarios”, con una riqueza familiar superior a 1 millón de dólares. Según un informe de Credit Suisse, en 2020, el 1 por ciento más rico de los chinos poseía el 30,6 por ciento de la riqueza del país, frente al 20,9 por ciento de hace dos décadas.

En agosto de 2021, el Consejo de Estado publicó un libro blanco que lleva por título “Prosperidad moderada en todos los aspectos: otro hito alcanzado en los derechos humanos de China”. En el documento se detalla cómo el logro de una prosperidad moderada en todos los aspectos representa un progreso integral para garantizar los derechos humanos universales en el país. Según el índice de desarrollo humano (IDH), dado a conocer por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la puntuación de China mejoró de 0,499 en el año 1990 a 0,761 en 2019. Según el libro blanco, China es el único país que logró pasar de una clasificación baja a otra alta desde 1990, cuando el PNUD comenzó a calcular el IDH.

Por tanto, si es importante combinar la denuncia respecto a las carencias de lo social en una China gobernada por el PCCh con su contexto histórico y un inevitable sentido de la perspectiva, también lo es urgir una transformación significativa de esta realidad a tono con los objetivos de una modernización que no puede prescindir de la igualdad. La China rica y poderosa que ambiciona Xi Jinping debe ser también justa socialmente. La estrategia actual apunta a revivir el objeto de la prosperidad compartida. Como parte de ese proceso, el gobierno alteraría los regímenes tributario y de seguridad social y realizaría una serie de transferencias fiscales para permitir una mayor movilidad ascendente y un mejor acceso a la educación.

En la experiencia china, que en los próximos años puede ofrecer lecciones de mucho interés económico, sociológico y político, se pueden concretar evoluciones de alcance universal. Aunque el mesianismo no es una característica del modelo chino contemporáneo y si bien las fórmulas aplicadas resultan de un apego significativo a su cultura en sentido amplio, sin duda, incorpora variables y matices que debieran observarse sin perjuicios.

Asimismo, en lo ideológico y político, sugiere una vez más el valor de la complejidad como consustancial a la superación de las contradicciones de una evolución singular cuya garantía de una orientación de signo socializante radica en la preeminencia de un PCCh comprometido con su misión original. Su capacidad para innovar tanteando los límites tangenciales del modelo, estableciendo nuevos equilibrios superadores de formulaciones simplistas y esquemáticas del pasado que afectan a magnitudes esenciales (desde la gobernación del mercado al papel de la economía privada) justifican una particular atención a su experimento. Nunca exento de contradicciones, su certera diagnosis y su encaramiento gradual y realista constituyen una garantía de superación.

(Texto publicado en la revista El Viejo Topo, octubre 2021).

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