Un tratado vinculante para regular el poder corporativo

Un tratado vinculante para regular el poder corporativo es esencial para asegurar un mejor futuro: declaración de organizaciones miembro de la Alianza por el Tratado en respuesta a la crisis del COVID-19

Junio 2020

Las organizaciones abajo firmantes, miembros de la Alianza por el Tratado, estamos preocupadas por la difícil situación desencadenada por la pandemia de COVID-19 y el impacto económico y social de las medidas adoptadas para contener el contagio, incluido su impacto diferencial en las mujeres. Deseamos expresar nuestra solidaridad a aquellas personas particularmente afectadas por la enfermedad y las medidas de cuarentena, los millones de personas marginadas que se encuentran en la intersección de múltiples situaciones de vulnerabilidad y para quienes la mitigación del distanciamiento físico no es una opción.

La pandemia de COVID-19 confirma y pone de manifiesto el análisis que hemos producido colectivamente a lo largo de los años. Las amenazas y los riesgos extremos a los que se enfrentan nuestras sociedades para responder a la crisis actual están estrechamente relacionados con las fallas de nuestros sistemas económicos, políticos y sociales para hacer realidad los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Desde hace varios años, hemos estado revelando la patogenia estructural de una globalización financiera que ha agravado las desigualdades dentro y entre países, en el contexto de las negociaciones intergubernamentales para un instrumento vinculante sobre corporaciones transnacionales y otras empresas comerciales, actualmente bajo los auspicios del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

Nuestras sociedades están, por ejemplo, mal equipadas para responder a la pandemia, debido a una serie de fallas significativas que los planes desregulados de ajuste a la globalización y la concentración de poder de las empresas han determinado en las últimas décadas.

El acaparamiento ilimitado de recursos ha quebrado las fronteras entre los ecosistemas, provocando que los virus alojados de manera natural en los animales estén pasando a los seres humanos.

Las soluciones de mercado y los procesos de privatización impuestos en los sectores públicos de salud, atención y protección social han contribuido significativamente al debilitamiento de la salud pública, los servicios de atención y la protección social, incluso en países equipados con sistemas nacionales de salud. Esto ha causado una dramática falta de preparación y ha puesto en evidencia la insuficiente capacidad de la mayoría de las respuestas nacionales para hacer frente a las graves necesidades de salud desencadenadas por la pandemia.

La industrialización y la globalización de los sistemas alimentarios han reducido la capacidad de los productores y productoras locales de alimentos para asegurar la disponibilidad de alimentos saludables para alimentar a las personas localmente, mientras que los alimentos ultraprocesados ​​aumentan la vulnerabilidad de las personas al COVID-19, tanto desde la perspectiva sanitaria como financiera. Es una cruel realidad que, en medio de una crisis alimentaria inminente, la producción agrícola de las personas agricultoras locales, que proporcionan entre el 70 y el 80% de alimentos saludables en todo el mundo, se haya visto sacrificada debido a las medidas de confinamiento. Por otro lado, las medidas de mitigación del contagio en la mayoría de los países han funcionado en interés de las grandes cadenas agroalimentarias, que no ofrecen ninguna ventaja comparativa desde el punto de vista de la gestión de riesgos.

La flexibilización laboral global ha aumentado la cantidad de trabajadores informales cuya precariedad es hoy la pandemia colateral del COVID-19. Esto afecta especialmente a las mujeres, empleadas principalmente en los trabajos más precarios, “flexibles” y terciarios. El trabajo doméstico y los empleos en los sectores de comercio y servicios están altamente feminizados, lo que se suma a la alarmante brecha salarial de género. Millones de personas han perdido sus ingresos desde el comienzo del brote, lo que está perjudicando gravemente sus condiciones de vida personales, familiares y comunitarias. Donde no existe bienestar social, millones de trabajadores y trabajadoras formales e informales se están viendo arrastrados hacia la pobreza o la pobreza extrema.

La digitalización de la educación durante el confinamiento, donde solo están disponibles las instalaciones privadas y solo para aquellas personas que pueden costearse las tecnologías, excluye drásticamente a muchos niños y niñas de familias que no pueden cubrir los costos de matriculación ni de las herramientas utilizadas para las actividades de enseñanza durante estos tiempos de emergencia global. Simultáneamente, impone una mayor carga de atención sobre las mujeres. Incluso en aquellos países donde hay acceso público, la suposición general es que las mujeres estarán en casa cuidando de los niños y brindando los cuidados familiares durante el encierro. Los datos disponibles a nivel nacional proporcionan evidencia creciente de que la opción tecnológica para reemplazar la enseñanza presencial es un motor adicional de exclusión en vista de la brecha digital no abordada y la crisis del cuidado.

La prioridad concedida por ciertos gobiernos a la preparación para la guerra y los gastos militares en sus presupuestos nacionales, incluso a través del apoyo a una industria de armas “nunca en crisis”, ha desviado cuantiosos recursos al sector de defensa, estructurando así los presupuestos nacionales y los sectores industriales de acuerdo con prioridades innecesarias. Debido a la captura de las empresas estatales, la industria de armas, la extractiva y otras industrias importantes, las políticas existentes nos están perjudicando y están vulnerando nuestros derechos humanos.

A través de la explotación, el desposeimiento y los abusos directos de los derechos humanos y ambientales, así como de la captura corporativa de la formulación de políticas públicas, el poder corporativo ahora está centrado en mantener un sistema económico dominante que priorice las ganancias de las empresas sobre la realización de los derechos humanos. Esta estrategia no solo ha puesto en evidencia el debilitamiento de la capacidad de producción de los Estados para la gama de herramientas de salud necesarias para contener la propagación de la enfermedad dentro de sus fronteras, sino que también ha puesto en trágico peligro la capacidad y la disponibilidad financiera de los Estados para responder adecuadamente a los gastos sociales necesarios y las transferencias a gran escala.

Los gobiernos deben tomar decisiones difíciles en estos tiempos sin precedentes, en gran parte como un legado de un comportamiento corporativo abusivo que los Estados no han podido ni han estado dispuestos a gobernar, a pesar de su impacto perjudicial en los derechos humanos y ambientales. La escala del control corporativo sobre el gobierno es una fuente endémica de patogénesis, cuya ineficiencia finalmente ha salido a la luz como un punto sin retorno por el brote global de COVID-19, a favor de una búsqueda social para reclamar la responsabilidad de los servicios públicos. Pero aún no estamos allí.

Algunos y algunas testigos de diferentes comunidades en nuestro movimiento han informado que las empresas involucradas en proyectos extractivos abusan de las medidas de cuarentena para ignorar las disposiciones de consentimiento informado. Otros han explicado cómo los intermediarios se están aprovechando de la crisis de salud para pagar menos a los pequeños productores de alimentos al tiempo que suben los precios en las ciudades, con la excusa del confinamiento. Otros grupos han revelado el sesgo de las medidas nacionales contra la pandemia que favorecen en gran medida a la agroindustria y sus canales de distribución, mientras que el apoyo ofrecido a los campesinos y las campesinas es principalmente a través de programas de seguros privados. Los abusos de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras agrícolas incluyen la prolongación de turnos, combinadas con negligencia total con respecto a viviendas inadecuadas, escasez de alimentos y condiciones sanitarias precarias, en violación de las medidas de distanciamiento físico impuestas por los gobiernos. Los despidos masivos de trabajadores y trabajadoras también han sido reportados por nuestros miembros en varios países.

Si bien la información es una condición previa esencial para el ejercicio de cualquier derecho, a raíz del COVID-19, varias compañías tecnológicas han visto un auge en sus negocios durante esta crisis. Algunas ya han obtenido cantidades ingentes de datos personales de usuarios con los que se puede rastrear a las personas e infringir su derecho a la privacidad. En contraste, debido a las políticas en gran medida influenciadas por las empresas, el derecho de acceso a la información está siendo restringido o suspendido. Esto crea un obstáculo importante en el acceso a recursos para las personas cuyos derechos se están viendo vulnerados.

El terreno para poner a prueba la voluntad y el poder de los gobiernos con respecto al sector corporativo en el contexto del COVID-19 [cf1] se hará evidente en breve en relación con el acceso a los bienes y equipos de salud esenciales (vacunas, medicamentos y todos los demás equipamientos médicos) que se desarrollarán y producirán para controlar y combatir el nuevo coronavirus. Podría decirse que las compañías farmacéuticas ya han tomado medidas en los países para beneficiarse de la carrera actual hacia la cura contra el COVID-19 (cfr. solicitud de Gilead a la FDA para rescindir la designación de medicamento huérfano de redemsivir), y están recurriendo a su enorme poder corporativo para oponerse a las medidas de los gobiernos para suavizar los procedimientos de excepción de patentes en países, así como cualquier otra iniciativa colectiva intergubernamental para desarrollar y producir vacunas y medicamentos como bienes públicos mundiales, bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El sistema económico dominante permite a las grandes empresas asignar una cantidad significativa de fondos para mitigar los impactos de las medidas de cuarentena y la inminente crisis económica en sus ganancias. En este contexto, las empresas están influyendo en las decisiones legislativas y políticas internacionales y nacionales para beneficiar sus márgenes de ganancias.

Las numerosas lecciones irrefutables que nos brinda el COVID-19 nos llevan a una dirección convergente, a saber, la importancia de introducir y avanzar marcos legales, en el ámbito nacional, regional e internacional, para garantizar la rendición de cuentas corporativa con respecto a los derechos humanos y ambientales. En este esfuerzo global tan necesario para superar un sistema de desregulación y avanzar en la capacidad de establecimiento de estándares de los gobiernos, el proceso de negociación en torno al instrumento vinculante sobre corporaciones transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos debe continuar. En última instancia, con la nueva normalidad, necesitaremos nuevas normas. Necesitamos acuerdos legalmente vinculantes a través de los cuales el derecho a la protección social y la atención médica, el derecho a la alimentación y al agua, el derecho a la educación y el empleo, el derecho a un medio ambiente saludable, el derecho a la información, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de reunión sean abordados, promovidos y protegidos adecuadamente por el Estado, como elementos clave para el cambio transformador que queremos ver hacia una democracia sustantiva y un desarrollo sostenible. Si nos tomamos en serio la Agenda 2030, un instrumento jurídicamente vinculante para regular el poder corporativo es el paso concreto que necesitamos para avanzar en la dirección de la justicia, el Estado de derecho y la verdadera sostenibilidad universal; la mejor vacuna para prevenir pandemias como la presente.

Ahora se escucha a menudo que nada volverá a ser igual. Pero el cambio no sucederá por sí solo. Esto significa que la pandemia del COVID-19 ofrece una oportunidad extraordinaria para aprovechar la experiencia de las comunidades y el conocimiento de los movimientos sociales para dar forma a nuevas sociedades donde los derechos del planeta y la dignidad humana prevalezcan sobre las ganancias corporativas. Después del COVID-19, la participación activa de comunidades de base, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil en el proceso del Tratado vinculante y en cualquier ruta normativa similar a nivel nacional o regional es aún más relevante. Estas son las personas que al final habrán sufrido el precio más alto de la pandemia, no solo en términos de su salud. Estas son las personas que habrán acompañado y apoyado a aquellas con mayores necesidades durante la pandemia. Estas son las personas que conocerán mejor las consecuencias de eliminar las reglas fundamentales de una sociedad disciplinada en un escenario de desigualdades crecientes, tristemente alimentadas por el impacto de la pandemia.

La crisis del COVID-19 nos ha enseñado que necesitamos sociedades en las que existan mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Por lo tanto, instamos a todas las autoridades nacionales, y en particular a las delegaciones de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, a hacer todos los esfuerzos posibles para continuar avanzando hacia la adopción de un instrumento vinculante sobre corporaciones transnacionales y otras empresas comerciales, fortaleciendo la ruta diplomática y asegurando una participación efectiva de aquellos actores que realmente buscan la democracia, la rendición de cuentas y el interés público.

Estos procesos deberían allanar el camino para construir la nueva normalidad en la que las generaciones presentes y futuras puedan disfrutar de los resultados de los compromisos de los Estados consagrados en la declaración de derechos y en nuestras constituciones nacionales.

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