Mario Rodríguez
precedentes, decidió hacer su aporte a la desestabilización, es un golpe maestro de anarquía presupuestaria disfrazado de amparo. Su regalo venenoso, al pueblo de Guatemala, no es solo un capricho legalista; es un manual avanzado de cómo dinamitar la gobernabilidad mientras se finge solemnidad.
El escenario era casi esperanzador. Tras un raro momento de consenso, el Congreso aprobó un presupuesto para 2026 a través de Decreto 27-2025, valorado en más de Q163 mil millones. El presidente Bernardo Arévalo y su ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, celebraban, cándida e ingenuamente, un logro de diálogo entre Ejecutivo y Legislativo. Hablaban de inversión, transparencia, desarrollo inclusivo. Un discurso que, en el contexto guatemalteco, suena ya a realismo mágico.
Entonces, entró en escena la CC, con la delicadeza de un elefante en una cristalería constitucional. Con un amparo provisional, suspendió la vigencia del nuevo presupuesto. La justificación jurídica, según diversos analistas, brilla por su ausencia, «contradice toda su doctrina de 40 años» dijo alguien por ahí. No estamos ante una interpretación legal, sino ante una jugada política «pensada al milímetro, con alevosía y premeditación», para dañar al gobierno, generar malestar y por, sobre todo, reafirman quién puede ejercer el poder en este país. Es un golpe judicial con una perversidad administrativa sublime. Propio de los carteles internacionales del crimen organizado.
Veamos por qué. El presupuesto 2026 no llegó a nacer. Aunque luego se revoque el amparo, para efectos administrativos este 1 de enero rige el presupuesto de 2025, con sus modificaciones. Imaginen planificar el año próximo con los recursos y las prioridades del año pasado. Es como tratar de ganar una carrera de Fórmula 1 con el motor y el mapa de la temporada pasada. El caos programático que provoca llevará tiempo corregir y negociar, nuevamente en el Congreso.
¿Cómo financia el gobierno instituciones nuevas, proyectos estratégicos, servicios esenciales que requieren expansión? La respuesta de la CC parece ser «arréglenselas». El Ministerio de Finanzas y el Congreso tendrán que iniciar 2026 haciendo malabares con readecuaciones y luego, en febrero, intentar «armar el rompecabezas» con ampliaciones presupuestarias. Es decir, meses de incertidumbre, trámites y parálisis.
El golpe es al pueblo. La Corte quizá crea que con esto golpea a Semilla y a Arévalo. En realidad, lo que fortalece es la corrupción y la ineficiencia. Les permite a personajes siniestros como Allán el Coche y el muerto de hambre, tratar de incidir sobre el destino de los fondos. Congela la inversión pública, estrangula proyectos de infraestructura y desarrollo social, y envía el mensaje de que las decisiones consensuadas en el Congreso pueden ser anuladas por un capricho judicial. Es el paraíso de los intereses que se benefician del statu quo y del caos.
La postura de la Corte aquí no merece un análisis jurídico serio, porque claramente no lo es. Merece una burla sarcástica y una condena política. El rigor legal se tira por la borda, mientras que sus integrantes actúan como actores políticos con toga, reafirmando su motivación, que curiosamente coincide con el pacto de corruptos, obstaculizar al gobierno electo. Saben perfectamente que el mayor impacto no lo sufrirá Arévalo en su escritorio, sino la población que depende de servicios públicos, programas sociales y obras y le apuestan a ello, para desgastar el gobierno pensando en una hipotética elección general, ya en plena campaña, mientras se castiga colectivamente a todos aquellos que se atrevieron a votar por un cambio.
El texto lanza también un dardo envenenado hacia el gobierno de. Les acusa de haber «caído en las mismas negociaciones y transas» que criticaron, de hacer alianzas con personajes cuestionables «en aras de la estabilidad», y de haber aprobado un presupuesto con los mecanismos opacos del viejo sistema. En otras palabras: la CC da clase maestral de cinismo.
Lo que deja esta resolución es un paisaje desolador, un gobierno cuyas limitaciones y concesiones son criticables, pero que al menos intenta, en el discurso, un presupuesto con alguna orientación social, y una Corte de Constitucionalidad que, en vez de ser árbitro, se convierte en bombero pirómano, incendiando la poca certidumbre que existía.
Un año que inicia con el mensaje de que las instituciones no están para servir al pueblo, sino para sepultarlo en laberintos legales mientras la podredumbre sigue campante. La CC no ha defendido la Constitución; ha firmado, con sello y firma, un bozal para el desarrollo y un cheque en blanco para la ingobernabilidad. Un trabajo «brillante», sin duda. Para el desastre. Feliz 2026, para todos, menos para los integrantes de la corte celestial.