Durante los años 90, con el auge de los Tratados de Libre Comercio, los países de América Latina y el Caribe firmaron tratados internacionales que protegian las inversiones extranjeras directas. Eso otorgó derechos a los capitalistas, que además de brindar protección a los capitales, permitió que las empresas demandaran a los Estados en tribunales internacionales.
Las demandas se realizan cuando una empresa considera que sus ganancias han sido afectadas por disposiciones gubernamentales. Así los acuerdos bilaterales se aplicaron en distintas disputas, y siempre se busco proteger a los inversionistas.
En la década de los 90 se conocieron 6 demandas con estados en América Latina. Para llegar ahora a 1,190 demandas. El estado de Guatemala fue demandado en 9 ocasiones. En Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es que ha generado la mayor cantidad de demandas para los países centroamericanos.
Total de demandas de inversores contra Estados de América Latina y el Caribe hasta el 31 de diciembre 2022: 342 demandas (+3 que UNCTAD aún no tiene en su base para 2021)
Demandas del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2022: 15 demandas (+ 1 de Honduras Próspera que probablemente pasará a ser la primera demanda de 2023, ya que aún no fue registrada en el CIADI)
País más demandado de la región en 2022: Venezuela (4 demandas)
Honduras Próspera v. Honduras: El 20 de diciembre de 2022, la empresa estadounidense Próspera Honduras emitió un comunicado anunciando el registro de una demanda ISDS contra Honduras por cambios legales en relación a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) realizados por el gobierno de Xiomara Castro. A través de una ley de 2013, se crearon las ZEDE que le permiten a inversores extranjeros crear sus propias ciudades privadas, con cierta autonomía administrativa, propio sistema de Cortes y un marco legal y fiscal favorable – se trata básicamente de un Estado dentro del Estado. Desde su asunción en 2021, Castro empezó a desmantelar el sistema de ZEDE – una promesa de su campaña electoral – y ratificó la decisión del Congreso hondureño de derogar la ley de ZEDE en abril de 2022. Honduras Próspera alega que había recibido una garantía de estabilidad jurídica por, al menos, 50 años al comenzar la inversión y reclama hasta 10.775 millones de dólares por daños y perjuicios ante la eliminación de las ZEDE. La demanda en base al TLC entre Centroamérica, la República Dominicana y los Estados Unidos fue registrada ante el CIADI pero aún no aparece en la página.