El pacto de corruptos desarticuló la lucha contra la corrupción colocando en cada puesto de poder estatal a sus miembros más destacados, después persiguió a los involucrados hasta llevarlos al exilio o la cárcel; luego se enfocó en los opositores. En otras palabras, primero se protegieron en forma corporativa, para luego atacar, destruir al enemigo y consolidar su poder, y ahora se preparan para consolidar su cruzada a través de unas elecciones por designación. Entonces, ¿En dónde está el problema?
Con las elecciones, la institucionalidad cooptada requiere de otros funcionarios para continuar dicho proceso. Personas que estén en la misma sintonía, que asuman su papel y que continúen con el legado que evite por todos los medios que se revierta la impunidad que han logrado. En esas circunstancias, es vital evitar a toda costa que personas ajenas al sistema pueda participar, mucho menos obtener espacios de poder. Pero no hay muchos espacios disponibles para tanta demanda y cada grupo, cada individuo está reclamando una tajada del pastel.
Quién asuma la presidencia hará lo mismo que Giammattei en el legislativo para tener la mayoría parlamentaria. Comprar a los diputados del otro bando, hasta lograr el control del parlamento, es una salida fácil, útil, pero no segura. A partir de ahí, será más fácil determinar la continuidad de las cortes de justicia, quién entra, quién se queda y a quién se persigue se definirá en función de la cooptación del parlamento. En el poder local, dependerá de quién gane en las alcaldías, ya sea con la reelección de los actuales funcionarios o con la renovación de los consejos municipales.
Entonces el problema no está ahí, más bien, la problemática se encuentra en la cantidad de candidatos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado que están reclamando sus espacios abiertamente, frente a la ambición de muchos de los ahora funcionarios que se quieren perpetuar en los cargos, ya sea por nombramientos directos o por designación de testaferros que también reclaman una tajada del dominio que hoy ejercen en las instituciones.
En esas circunstancias la transformación del pacto de corruptos en una alianza criminal se dará a través de las elecciones. En esencia, la elección se realiza entre las élites corruptas, en donde entran una amalgama de empresarios, militares, políticos y abogados, todos vinculados por acción u omisión con el crimen organizado. Esto se resolverá, no en unas elecciones limpias y transparentes, más bien en la mejor designación posible, que permita que todo continué igual de lo que ahora está.
Al final del día, el gobierno de Estados Unidos pactará con quién asuma el control del Estado. La legalización de la impunidad está cercana, y el pacto de corruptos lo sabe. Presionar para que el vecino del norte lo entienda, no significa que desoye sus intereses. Por el contrario, ambas partes se aseguran de obtener por lo que están pagando.