Nos guste o no, vivimos en un país donde la justicia es un espejismo. Tenemos leyes, incluso una Constitución, pero ambas son violadas impunemente por quienes deberían protegerlas: la Corte de Constitucionalidad, los jueces cómplices y una fiscalía convertida en instrumento de persecución política.
En ese sentido, el sistema judicial opera bajo una lógica perversa: primero condenan, luego investigan. Algunos jueces, imponen castigos sin respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y sin antes analizar las pruebas, pues tienen como objetivo que el acusado, aunque luego sea absuelto, ya haya pagado con años de cárcel. Eso no es justicia; es venganza institucionalizada.
No es más que un mecanismo para reestructurar la consigna ideológica de aquí mandamos, diciendo cómo los patrones, es para salvaguardar el Estado de Derecho, que solo a ellos, los corruptos de siempre, le favorece.
Para disfrazar sus abusos, actúan con alevosía. Declaran casos «con reserva», bloqueando el acceso a pruebas y obstruyendo la defensa. Es como arrojar a alguien a un agujero legal, que bien podría ser el Guantánamo a la guatemalteca, donde el tiempo y el desgaste hacen el trabajo sucio muerte civil, psicológica o física del acusado.
Esta distopía judicial ha servido, al menos, para dejar al descubierto a los actores del circo: Los integrantes del pacto de corruptos, que incluye a fiscales que persiguen denunciantes en lugar de delitos reales. Los cínicos de la vieja política que se blindan contra toda persecución, a pesar de sus evidentes delitos. Y los hipócritas empresarios que, mientras esquivan su responsabilidad, se benefician del narco crimen.
Al final, jueces, fiscales, empresarios y políticos mafiosos, buscan culpables para eludir ellos mismos sus responsabilidades penales.
Basta que un funcionario señale una irregularidad para que la maquinaria se vuelva contra él. Las denuncias anónimas, siempre prosperan si provienen de los informantes favoritos del régimen judicial. Estas sirven para amedrentar, reprimir y castigar sin necesidad de pruebas.
El problema no es la falta de leyes, sino su aplicación a conveniencia. Vivimos en un Estado fallido con fachada legal, donde el «pacto de corruptos», empresarios, narcos, militares y operadores judiciales, decide quién es culpable y quién no.
Esto lo hacen con el único propósito de perpetuarse en el poder. Pero para lograrlo, ha tenido que aceptar el pacto más sórdido: repartir el país, el poder judicial con el crimen organizado y los empresarios corruptos. Cada cual, en su territorio, cada cual, en su esfera de influencia, bajo una regla no escrita pero que se respeta, «tú no me tocas mis negocios, yo no toco los tuyos».
Los tiempos han cambiado. Ya no existen aquellos empresarios de pedigrí que despreciaban a los » capitales emergentes», eufemismo utilizado para identificar aquellos que se han enriquecidos al amparo del narcotráfico y la corrupción. Ahora, ambos grupos se funden en una misma élite, donde el dinero lava cualquier origen.
Pero hay un giro perverso. Se han convertido en lacayos de una camarilla de abogados, los verdaderos arquitectos de este entramado, a quienes, desde sus despachos, sean oficinas públicas o bufetes privados, disfrutan del botín sin mancharse las manos. Su único objetivo ya no es construir imperios legales o ilegales, sino sacar provecho de un sistema diseñado para que el crimen pague… y pague bien.
Mientras tanto la bomba del tiempo esta por estallar ¿Habrá o no un golpe judicial? Todo apunta a qué se esta preparando un entramado de casos para pedir a la Corte de Constitucionalidad y luego al Congreso que defenestre a Bernardo Arévalo
El presidente apuesta a esperar, confía en que él podrá elegir al nuevo fiscal y eso lo salvará. Pero en un año pueden pasar muchas cosas.
Algunos escenarios son un golpe de Estado disfrazado de «crisis constitucional», una fiscal general saltando a la Corte de Constitucionalidad para blindar impunidades y desde ahí configurar las nuevas elecciones y, el escenario que ya se vive, una dictadura judicial, aplaudida por élites que prefieren el orden de Gerona a la democracia.
Todo esto ya los estamos viviendo, resoluciones absurdas, persecuciones selectivas, un Ejecutivo acorralado y unos empresarios oportunistas que apuestan al supuesto caballo ganador. Mientras esto pasa la izquierda se pierde en más divisiones y silencios cómplices, mientras los partidos oportunistas se alistan para el nuevo reparto del botín con o sin elecciones.
La primavera democrática se agotó. Ahora, frente al invierno autoritario, la lucha no puede ser solo legal, pues existe la evidencia que el sistema está diseñado para perder. Debe ser política, social y cultural.
La fiscal y sus cómplices caerán; nada es eterno. Pero el verdadero reto es evitar que su legado envenene el futuro. Que su historia no se repita.