La Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido un fallo histórico que anula los aranceles de «emergencia» impuestos por la administración del presidente Donald Trump, declarando ilegal el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para justificar gravámenes masivos a las importaciones. La decisión, aprobada por 6 votos a 3, representa un revés sísmico para la política comercial de la Casa Blanca y restablece la autoridad del Congreso en materia arancelaria. Pero mientras los titulares celebran o lamentan el fin de una era, una pregunta incómoda y de consecuencias potencialmente devastadoras para las arcas públicas queda en el aire: ¿Qué sucederá con los aproximadamente 175.000 millones de dólares ya recaudados?
El núcleo de la sentencia es claro, el presidente se extralimitó. La IEEPA, una ley de 1977 concebida para emergencias nacionales como embargos o congelación de activos, no otorga al Ejecutivo la facultad de crear impuestos a gran escala . Los magistrados, encabezados por el conservador John Roberts, dictaminaron que el impacto de los aranceles del llamado «Día de la Liberación» (2 de abril de 2025) era de tal magnitud que requería una «autorización clara del Congreso» que nunca existió . En esencia, la Casa Blanca intentó usar un poder legal para un trabajo que requería una autorización legislativa.
Sin embargo, la Corte Suprema dejó un vacío legal gigantesco en su veredicto. No ordenó ni estableció un mecanismo para la devolución de los fondos recaudados bajo esta autoridad ahora declarada ilegal . Esta omisión ha abierto lo que los expertos describen como una auténtica «caja de Pandora» . Según estimaciones del Penn-Wharton Budget Model, citadas por Reuters, la cantidad sujeta a posible reembolso asciende a unos 175.000 millones de dólares, una cifra que supera el gasto anual combinado de los Departamentos de Transporte y Justicia . La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ya había recaudado 133.500 millones a mediados de diciembre de 2025, y la maquinaria arancelaria siguió funcionando hasta el momento del fallo.
Ante el silencio del Supremo, el campo de batalla se ha trasladado al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos. Y los primeros disparos ya se han oído. Gigantes corporativos como FedEx han tomado la iniciativa, presentando demandas para exigir «el reembolso completo de todos los aranceles IEEPA» que han pagado . La empresa de mensajería argumenta que, aunque protegió su derecho a reclamar, ni los reguladores ni los tribunales han establecido un proceso para hacerlo, dejando a los importadores en un limbo jurídico.
No están solos. Se estima que alrededor de 1.500 empresas importadoras y minoristas ya habían presentado demandas preventivas antes del fallo, una cifra que podría crecer exponencialmente hasta afectar a cientos de miles de importadores, desde grandes superficies como Costco hasta pequeñas y medianas empresas sin los recursos para largos litigios . La Cámara de Comercio de EE.UU. aplaude la sentencia y anticipa reembolsos «significativos», pero la realidad sobre el terreno es mucho más compleja .
La administración Trump ya ha insinuado su estrategia, que será oponerse al pago, alargando los procesos judiciales durante años . El propio Trump calificó el fallo como una «vergüenza» y sugirió que sería «prácticamente imposible» devolver las cantidades ya cobradas . El juez conservador Brett Kavanaugh, en su voto disidente, ya advirtió que la cuestión de los reembolsos sería un «desastre» con «consecuencias significativas para el Tesoro».
Si el objetivo de los demandantes es recuperar su dinero, la Casa Blanca ya está jugando una partida de ajedrez a varios niveles. Incluso antes de que la tinta del fallo se secara, Trump activó lo que su equipo denomina un «plan B» sólido. En cuestión de horas, recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer un recargo global del 10% (que planea elevar al 15% casi de inmediato), invocando una emergencia por balanza de pagos .
Esta nueva jugada, aunque legalmente distinta, tiene limitaciones, es una medida temporal con una vigencia máxima de 150 días a menos que el Congreso intervenga. Sin embargo, este periodo de gracia le daría tiempo a la administración para iniciar investigaciones más largas bajo otras leyes, como la Sección 301 o la 232, que podrían perpetuar el proteccionismo con otro ropaje legal Como acertadamente resumió Chris Padilla, ex subsecretario de Comercio: «Los aranceles están muertos, larga vida a los aranceles».
La batalla no es solo judicial y económica; es profundamente política. La proximidad de las elecciones legislativas de medio mandato añade una capa de urgencia y tensión. Los aranceles, según los analistas, «no son populares» entre el electorado, lo que complica los planes de la administración.
Los gobernadores de estados demócratas ya han abierto un nuevo frente. Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, exigió a la administración un reembolso de 13.500 millones de dólares para los ciudadanos de su estado, calculando que cada hogar neoyorquino pagó 1.751 dólares extra en productos afectados por estos aranceles . Se une así a las reclamaciones de los gobernadores de Illinois y California, transformando el debate técnico sobre reembolsos en una potentísima arma electoral contra Trump.
El fallo de la Corte Suprema es, sin duda, una victoria para el estado de derecho y un freno a la expansión del poder ejecutivo. Sin embargo, el silencio sobre los 175.000 millones de dólares ya recaudados convierte esta victoria en algo potencialmente pírrico para las empresas y consumidores que soportaron la carga de estos gravámenes.
La verdadera lucha, como bien apuntan los analistas, acaba de comenzar. Se librará en los tribunales comerciales, en las batallas burocráticas por establecer procesos de reembolso y en el fragor de la campaña electoral.