Mario Rodríguez
Recientemente el Banco de Guatemala publico una presentación del presidente de la institución sobre los resultados macroeconómicos del 2025 y sus perspectivas para el próximo año. Sobre esa base, se puede analizar que Guatemala cerrará el 2025 con una tasa de crecimiento del PIB del 4.1%, situándose por encima del crecimiento de Estados Unidos, el principal socio comercial del país y la mayor economía del mundo en la actualidad.
Esto, a primera vista, puede presentarse como un éxito de la economía guatemalteca, reflejando que su política económica es resiliente, estable y se encuentra en expansión. Al comparar las tasas de inflación en el mundo desarrollado, también se puede observar un buen desempeño de la política local, pues la inflación se encuentra por debajo del rango establecido en 1.7%, mientras sus reservas internacionales están en niveles récord, lo que produce un tipo de cambio estable, una deuda pública, en crecimiento moderado, pero manejable, siendo la más baja de la región. En termino neoliberales, el país es un modelo exitoso de la buena gestión macroeconómica. De lo cual presume el presidente del Banco.
Los datos del éxito se complementan con un mayor dinamismo financiero, al situar el crédito al sector privado con crecimiento del 9.0%, con fuertes expansiones en sectores como construcción, en el orden del 8.7%, los servicios financieros, del 6.0% y comercio. Esto sumado a los flujos externos, principalmente el incremento de las remesas familiares, que alcanzó una cifra récord de 25 mil millones de dólares, que representa un crecimiento anual del 19% respecto al año anterior y una Inversión Extranjera Directa proyectada en 2,065 millones de dólares.
Sin embargo, detrás de estos indicadores económicos, por muy buenos que sean, se oculta una contradicción central. Ese crecimiento económico no se traduce en una verdadera reducción de la pobreza, ni en una mayor equidad social. A pesar de más de una década de crecimiento sostenido, con tasas superiores al 3% en la mayoría de los años desde 2012, Guatemala sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo y uno de los ejemplos más patéticos del fracaso de las políticas neoliberales. Más del 50% de población vive en pobreza, según datos del Banco Mundial y la CEPAL, con un coeficiente de GINI más alto de la región.
El modelo neoliberal se sustenta en una combinación de estabilidad macroeconómica, apertura comercial, flujo de remesas y una política fiscal extremadamente conservadora. El déficit fiscal se mantiene en torno al 1% del PIB, y la carga tributaria apenas supera el 11,8%, una de las más bajas del hemisferio. Esta austeridad fiscal limita la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, educación, salud y protección social, que en este caso deberían funcionar como motores de la movilidad social y la redistribución.
Ese éxito macroeconómico se convierte en una retórica que esconde las falencias del modelo, evita debatir sobre los nudos estructurales del país y evita abordar los problemas más urgentes por resolver, como es la exclusión de los pueblos indígenas, los más pobres entre los pobres, la precariedad laboral, la debilidad del Estado para articular políticas redistributivas y la falta de políticas públicas para articular el desarrollo social y económico del país.
Las remesas, de las que tanto presumió el ahora presidente del Banguat, cuando era ministro de Finanzas en el tiempo del corrupto gobierno de Giammattei, no son un indicador de desarrollo, ni pueden utilizarse políticamente para presentar éxitos en la gestión económica, pues esto solo muestran el colapso del contrato social y el desprecio latente que tienen los funcionarios públicos hacia los migrantes. Esto solo funciona como un mecanismo de externalización de la reproducción social, mientras millones de guatemaltecos se ven forzados a emigrar para sobrevivir, el Estado elude su responsabilidad en salud, educación y empleo digno. Este flujo de recursos desactiva cualquier presión redistributiva, al proporcionar un amortiguador privado que impide la emergencia de demandas colectivas por justicia social.
Aunque el PIB crezca en torno al 4% anual hasta 2026, la pobreza no disminuirá significativamente, por una razón muy simple, el modelo neoliberal imperante no tiene como objetivo redistribuir dicha riqueza. Más bien, busca, en todo momento y bajo toda lógica acaparar dicha riqueza, sin importar los daños sociales, ambiénteles y humanos que pueda provocar.
Sin reformas fiscales, agrarias o laborales, el crecimiento seguirá siendo regresivo en términos de distribución. Por eso es patente que las proyecciones de las que tanto presumen los tecnócratas del Banguat y las élites que de ellas de beneficien, nunca incluyen indicadores de bienestar, de inclusión, de reducción de pobreza, y esto es así, porque el éxito se mide en estabilidad para el capital, no en dignidad para la población.
Ese bien comportamiento macroeconómico es celebrado por agencias calificadoras, como Fitch, que mantiene a Guatemala en BB+ con perspectiva estable, lo que incentiva a las élites a profundizar la misma fórmula. Este círculo virtuoso para el capital es un círculo vicioso para la democracia, la ecología y los derechos colectivos.
El análisis crítico no niega la utilidad de la estabilidad macroeconómica como condición necesaria para el crecimiento económico, pero sigue siendo insuficiente y engañosa si no se acompaña de reformas fiscales progresivas y redistributivas que modifiquen, si no se puede cambiar, el enfoque neoliberal predominante. Es urgente una política industrial con enfoque territorial y étnico, que vincule el crecimiento a la economía campesina e indígena para propiciar un desarrollo rural integral que defina el desarrollo, se logre la soberanía alimentaria y el acceso a la justicia ambiental y la autonomía comunitaria.
Desde una perspectiva de economía política crítica, este modelo puede interpretarse como una forma de estabilización neoliberal que solo garantiza las ganancias al gran capital, mientras contienen el intento de reforma estructural que la sociedad en su conjunto requiere y necesita. Sin redistribución de los excedentes económicos, no hay indicadores macroeconómicos buenos, ni exitosos.
El reto para Guatemala ya no es solo mantener el equilibrio macroeconómico, sino transformarlo en una plataforma para la justicia social. Esto requiere romper con la lógica de mínima intervención estatal y avanzar hacia un nuevo pacto fiscal, una reforma agraria con enfoque étnico-territorial, y una política industrial que vincule crecimiento con empleo digno y sostenibilidad ecológica. Mientras tanto, el “éxito” económico actual seguirá siendo una paradoja que convierte a Guatemala en un país de ingresos medios altos con mayor crecimiento económico, mientras que se incrementa la pobreza y la exclusión social crece.