Al escuchar al fiscal Curruchiche invocando la ley como instrumento para frenar al Movimiento Semilla, por un momento sentí que estaba escuchando los sermones del genocida Ríos Montt en tiempo de la guerra.
Pero al ver a la fiscal Cinthia Monterroso, en un alarde de fuerza y brutalidad, allanar las instalaciones del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, uno cae en la cuenta que nunca se abandonó la política contrainsurgente y que la presencia de policías de la dirección de inteligencia con el rostro cubierto con pasamontañas solo es una muestra más que el poder de facto seguirá gobernando este país. Es la dictadura fascista que reclama su poder y que se niega a perder el control del Estado.
Lo que hacen ahora no es una intervención militar tradicional, con generales dispuestos a disparar a la gente que protesta. Pero por supuesto que sí es un golpe institucional, ilegal y violento. Es también una acción desvergonzada y siniestra para reconducir, reorientar y consolidar la cooptación del país, con la intensión clara y manifiesta de designar a Manuel Conde como presidente.
Con la suspensión del partido Semilla prácticamente se está desconociendo la voluntad popular e irrespetando la propia ley electoral. De hecho, la supuesta democracia y el supuesto estado de derecho, no solo quedan vulnerados, también los derechos ciudadanos quedan suspendidos, supeditados a las decisiones de un juez que solo responde a los dictados de los sicarios judiciales.
Y quienes se animaron en la planificación son los que conducen de facto al sector justicia. Y la lógica dice que atrás de todo está fundaterror, que representa al ala más radical de la derecha fascista del país. Pero también participan de forma directa la inteligencia militar, una parte de las élites empresariales, las más reaccionarias y vinculadas a la corrupción, con el respaldo de los pastores de la corrupción y la clase política corrupta. A la cabeza de este esfuerzo está el propio Giammattei.
No les funcionó el conteo de votos y tampoco los amparos contra el proceso. Así que el último cartucho que les queda es un golpe a la propia institucionalidad del país.
Por eso, los magistrados del TSE alegaron ignorancia cuando se les interpeló sobre la violación flagrante de la ley electoral. El juez Orellana, quién en un abuso de autoridad y bajo amenaza, le da 24 horas al registro de ciudadanos para anular la personería jurídica de Semilla, es el mismo que actuó en contra de José Rubén Zamora y Juan Francisco Sandoval.
En esta coyuntura, si todo les sale bien a estos cruzados, Manuel Conde será impuesto como presidente y sólo les queda conseguir que los guatemaltecos lo aceptemos. Si no ocurre antes una movilización popular que exija y logre la renuncia de Consuelo Porras y Alejandro Giammattei, el golpe estará consumado.