Como era previsible, la fiscal general Consuelo Porras inició el proceso de destitución de Bernardo Arévalo presidente Constitucional de la República de Guatemala y para lograr su propósito violará la propia constitución que dice defender.
El Ministerio Público a través del fiscal Curruchiche exigió ayer al Tribunal Supremo Electoral una certificación sobre el proceso electoral. De ahí se desprende que ya no dudan en la persecución penal en contra del presidente y su entorno. Saben que han ganado terreno, afinado las alianzas y pactado las resoluciones. Solo falta encontrar el motivo y da igual que sea legal o espurio.
De acuerdo con Clausewitz, la guerra es la continuación de la política, pero se utilizan otros medios para lograr los objetivos. Y aquí, la cuestión legal, retorcida al máximo, es la medida perfecta para destronar del poder al presidente. La diferencia ahora es que lo hace abiertamente, sin ambigüedades, ni medias tintas.
De hecho, ya lograron apartar a Semilla del medio. Cooptaron la selección de gobernadores y están gestionando al organismo legislativo a golpe de resoluciones a medida de la Corte de Constitucionalidad, los jueces del pacto resuelven siempre a favor de la corrupción, mientras la fiscal no mueve un dedo para investigar y perseguir a los verdaderos corruptos del sistema, más bien los protege como a Jimmy Morales, Miguel Martínez y Alejandro Giammattei.
Al otro lado de las trincheras se encuentra un partido voluntarioso, pero hasta cierto punto ingenuo y sin una estructura partidista que se vincule con bases sociales. Así no han logrado articular un discurso coherente frene la ofensiva golpista. Mantienen la esperanza del respaldo del movimiento social y de resistencia frente al golpe que hizo posible la toma de poder y el beneplácito de la embajada de Estados Unidos.
Las líneas rojas trazadas durante la campaña fueron superadas con creces y facilidad por el pacto criminal de corruptos. Estos le tomaron la medida fácilmente. Nunca lucharon por revertir las resoluciones del Juez Orellana, tampoco lo han interpelado. Se dejaron llevar por una falsa apariencia de tregua que otorgó el propio ministro de gobernación con los acuerdos supuestamente alcanzados entre la fiscal y gobernación.
En la petición hecha por la FECI se nota que ya no es una escalada verbal, sino un golpe fuerte al corazón del único sostén que le va quedando al presidente Arévalo para estar en el cargo, la certificación electoral de su triunfo, ratificado por la Corte de Constitucionalidad.
Pero como todas las resoluciones de ese ente jurídico, han dejado abierta la puerta para que pueda actuar con impunidad la fiscal general, hasta que encuentre la piedra en el zapato y pueda a partir de ahí, comenzar a desmantelar al gobierno, ya sea maniatando su accionar en el congreso, ya sea capturando a miembros del partido y simpatizantes, o bien, directamente solicitando ante juicio contra el propio presidente.
Y está cantado, el próximo paso será el antejuicio contra Arévalo. Con un congreso fragmentado y con alianzas frágiles, es posible su trámite. Logrado eso, cualquier juez corrupto dictará orden de captura, mientras se averigua la “verdad” como gusta decir al a fiscal, Arévalo seguirá el camino de Otto Pérez Molina si no reacciona, y al inicio de la primavera, vendrá el diluvio.