Por Mario Rodríguez
Mientras el mundo se repone de las celebraciones de fin de año, la realidad geopolítica ha descargado su primera y brutal sacudida en el corazón del continente americano. El ataque militar estadounidense contra Venezuela no es un hecho aislado; es el episodio más reciente en un siglo de intervenciones militares que han redefinido por la fuerza el destino de naciones y pueblos enteros, tal y como nos sucedió en Guatemala con la derrota de Árbenz en 1954.
Sin embargo, este acto trasciende la mera invasión militar per se y representa la materialización violenta de una tensión latente que redefine instantáneamente el horizonte estratégico global y cuestiona directamente a la propia Naciones Unidas. Por qué, lejos de la narrativa oficial de una operación antinarcótica, desnuda la apuesta despiadada del poder imperial, hacia la lucha por el control energético, apuntando directamente a las mayores reservas de petróleo del planeta como principal botín económico.
Pero la primera víctima de este sangriento episodio ha sido el derecho internacional, que, así como están las cosas, dejó de existir. El guion es reconocible, una potencia militar despliega fuerza abrumadora contra un Estado soberano bajo un pretexto ilegal, para forzar un cambio de régimen y apoderar así de sus recursos naturales.
La historia ofrece paralelismos que no podemos olvidar; desde la intervención en Guatemala, hasta las guerras en Irak, Siria, Afganistán y ahora Venezuela. Sin embargo, la narrativa ha cambiado. Ahora no se habla de la lucha contra el comunismo, ni siquiera, contra el terrorismo. Ahora es un asunto más cínico, la lucha contra la droga. Por eso la coherencia de Washington se desmorona rápidamente, mientras bombardea Caracas por «tráfico de drogas», indulta a narcotraficantes convictos en su propio territorio y permite que el dinero del narcotráfico sea “lavado” en sus bancos, mientras que miles de personas mueren en sus calles.
Por eso, está acción militar no tienen nada que ver con drogas. Más bien, se realizó con el único objetivo de tener el control de las vastas reservas de hidrocarburos de Venezuela. Y si se analiza objetivamente, al lograr una injerencia exitosa, les otorgaría a corporaciones estadounidenses una influencia sin precedentes sobre el mercado global, potencialmente controlando más de la mitad de las reservas probadas de crudo.
Esto no es política exterior; es intimidación organizada para reescribir una regla no escrita, los recursos nacionalizados que desafían al hegemón serán, tarde o temprano, objeto de despojo.
La acción ha activado inmediatamente los mecanismos del nuevo orden bipolar. China y Rusia han condenado la agresión como una violación flagrante del derecho internacional. Para Pekín, es un ataque directo a sus ingentes inversiones y acuerdos energéticos. Para Moscú, representa un desafío existencial a su influencia global y a su economía, dado que el control estadounidense del crudo venezolano podría usarse para deprimir los precios globales y estrangular económicamente a Rusia, con una afectación directa a los presupuestos rusos.
Paralelamente, se evidencia la doble moral occidental. La tibia o ausente condena de la Unión Europea contrasta con su habitual retórica sobre un «orden basado en reglas», exponiendo que la alianza transatlántica prima sobre el derecho internacional. Peor aún, las declaraciones de Trump amenazando a Colombia y sugiriendo «hacer algo» en México indican que Venezuela podría ser solo el primer blanco en una campaña de reafirmación hegemónica en el patio trasero.
A nivel local, el tímido y prudente pronunciamiento de Bernardo Arévalo, no solo revela la sumisión de este gobierno, también muestras lo límites impuestos al mandatario y que están presentes en cada actuación que tiene en el ámbito internacional, todo para evitar dañar o molestar a Trump.
El ataque a Venezuela debe asumirse como un punto de inflexión histórico. El mundo cruza un umbral donde la prohibición del uso de la fuerza, piedra angular de la Carta de la ONU, ha sido ignorada por una potencia permanente del Consejo de Seguridad. El principio queda herido de muerte. Es importante remarcar el mensaje enviado a China: «no entres en mi patio trasero». La advertencia para los BRICS también es clara, el poder duro estadounidense actuará sin frenos donde perciba ventaja o sus intereses se vean limitados.
El futuro de Venezuela ahora resulta incierto. El escenario más probable es una sucesión constitucional interna que mantenga el statu quo del poder chavista, pero bajo una presión extrema para conceder acceso petrolero. Sin embargo, la humillación nacional y la sospecha de traición podrían generar inestabilidad interna, resistencias fragmentadas y un conflicto prolongado que Washington tomó en cuenta o está subestimando. La misma admisión de Donald Trump sobre la impopularidad de figuras opositoras como María Corina Machado revela que la democracia siempre se utiliza como pretexto, no como propósito.
En todo caso nos acercamos al escenario más peligro, que es, un mundo donde la fuerza bruta se institucionaliza. El ataque a Venezuela revela la esencia de un imperio en fase de crisis, un poder que ya no distingue entre seguridad o interés económico, entre derecho y fuerza militar descontrolada. Ningún imperio ha derrocado más gobiernos mientras daba lecciones de estabilidad; ninguno ha quemado más aldeas mientras invocaba la civilización.
El peligro último no reside solo en las armas, sino en la creencia dogmática de que solo una nación tiene el derecho moral a usarlas. Al bombardear Caracas, Estados Unidos no busca solo el petróleo; busca reafirmar su poderío.
El año 2026 amanece bajo la sombra de una pregunta que define nuestro tiempo, ¿logrará una comunidad global desunida detener a quien pretende definir el futuro con el lenguaje de la guerra, o aceptará pasivamente esta nueva y violenta normalidad?
La respuesta determinará si el derecho internacional ha muerto realmente, o si su defensa resurge precisamente cuando más lo necesita la humanidad para preservar su propia existencia.