La intervención estadounidense en Venezuela se ejecutó con bastante precisión y a velocidad alucinante para la magnitud de los resultados esperados, lo que da pauta a sospechar que dicha operación contó con complicidades internas. La ausencia de resistencia significativa y de bajas entre las fuerzas invasoras sugiere, más que una invasión clásica, una operación de transición consentida desde los altos mandos del propio gobierno bolivariano. Los hechos que emergen pintan un cuadro de negociaciones previas en Doha, donde figuras claves como Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, habrían establecido los puentes necesarios. Si esta especulación se confirma, explicaría la desconcertante pasividad de la cúpula militar chavista durante el evento.
El contexto se remonta a los esfuerzos de la administración Trump, que a través de emisarios como Richard Grenell, previamente había explorado una transición negociada. Según informes, Venezuela accedió a concesiones económicas sustanciales, como desplazar la influencia china a favor de corporaciones petroleras estadounidenses. El único punto de fricción fue la salida inmediata de Nicolás Maduro, quien, en una entrevista con Ignacio Ramonet, nunca emitió un “no” definitivo, dejando abierta la posibilidad de que supiera que su permanencia era el último obstáculo para un acuerdo mayor. Incluso Maduro confirmó que días antes había conversado por teléfono con Donald Trump y este, se negó a abandonar el cargo. “Todo lo dejó en manos de Dios”, había dicho.
El desenlace es revelador. La rápida ratificación de Delcy Rodríguez como presidenta interina por el tribunal constitucional, el anuncio de Trump excluyendo a la opositora María Corina Machado de la transición, y el llamamiento a la “calma y normalidad” por parte de figuras chavistas claves, incluyendo al alto mando militar. La nueva mandataria venezolana ofreció de inmediato una agenda de cooperación a Estados Unidos “en el marco de la legalidad internacional”, recibiendo una respuesta pragmática del secretario de Estado Marco Rubio, “Washington trabajaría con las autoridades designadas, siempre que actúen a favor de sus intereses”.
Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con Guatemala y, en particular, con el gobierno de Bernardo Arévalo? Todo. La política exterior guatemalteca, lejos de representar una postura autónoma o basa en principios, parece regirse por una lógica de supervivencia subordinada. Arévalo, es consciente de la fragilidad de su mandato frente a un “pacto de corruptos” cada vez más enjundioso, que tratan e insisten en desestabilizar su gobierno desde antes de su toma de posesión. Asumiendo esto como pretexto para establecer una estrategia de contención de las aventuras golpistas internos, es lógico que se adepte la misma estrategia que asumió Jimmy Morales y Alejandro Giammattei de alinearse tácitamente con Washington. Pero en el caso actual, no se trata, de un alineamiento ideológico, sino de una maniobra defensiva, pactar para no ser derrocado, mientras que los anteriores mandatarios pactaron que el imperio mirara a otro lado. Basta con recordar la reunión de Morales con funcionarios de la DEA encubiertos, tratando temas de drogas, o de Giammattei, protegiendo a Miguel Martínez, para no se señalado y sancionado por Estados Unidos, luego de la alfombra rusa y el asunto de los sobornos mineros.
En este contexto el gobierno de Bernardo Arévalo debe verse en el espejo. Esta crónica venezolana no es un relato ajeno para Centroamérica, recordemos que en Honduras Trump fue el gran elector, y al final terminó por declina o designar al ganador. En Guatemala, el presidente Arévalo enfrenta su propia encrucijada geopolítica. Llegó al poder con un mandato de renovación, pero sobre una base de poder extremadamente frágil. Su tímida reacción ante la intervención en Venezuela, limitándose a señalar una “ruptura del ordenamiento internacional” sin condenar explícitamente la acción, ni invocar por lo menos a la Carta de Naciones Unidas, revela los límites impuestos y la auto sumisión tácita a los designios de Washington. Es la diplomacia del cálculo forzado, no de la convicción. Es una acción que busca aferrarse al último salvavidas que existe, sin asumir que Estados Unidos no tiene amigos, solo intereses.
La ironía radica en que, mientras el gobierno de Arévalo se enfrenta a acusaciones infundadas de vínculos con el narcotráfico —como las lanzadas por figuras como Allan Rodríguez o el fiscal Curruchiche, quién se autoproclamó amigo de Trump, los verdaderos criminales narcotraficantes, están gobernando instituciones claves y en contubernio con la élite empresarial hacen lobby en Washington.
Así que el verdadero peligro no radica en esas campañas de desprestigio, sino en la renuncia implícita a ejercer una política exterior soberana. En la renuncia a tomar la iniciativa, enfrentar la corrupción y a los corruptos y frenar el deterioro operativo que tiene en la ejecución del poder. Al no desafiar abiertamente las narrativas impuestas desde el exterior, ni siquiera defender con firmeza el principio de no intervención, el gobierno termina validando, aunque sea por omisión, la lógica de que su permanencia depende de la buena voluntad de Washington.
La base social que aupó a Arévalo demanda firmeza. No espera que el gobierno evite molestar a Trump, sino que defienda, con coherencia y coraje, los principios que lo llevaron al poder a nivel interno y que tenga una postura de principios en lo externo. La sentencia de la Corte de Constitucionalidad que impuso un presupuesto espurio a finales de 2025 no fue solo un golpe administrativo; fue una señal de que los poderes fácticos siguen operando con impunidad y lo seguirán haciendo porque saben que Estados Unidos nunca se ha opuesto a esos actos, tampoco ha condenado esos comportamientos, ni le importa la legalidad o si alguno de estos personajes, estén capturados y purgando sentencias en Estados Unidos por tráfico de drogas. En ese contexto, el pacto con Estados Unidos no es una garantía de estabilidad, sino una renuncia anticipada a la posibilidad de transformación.
Si existe el acuerdo, del mismo debe obtenerse mayores resultados. Evidencia que efectivamente, es Estados Unidos quién controla a estos grupos mafiosos internos y les pone límites. Este supuesto escenario no solo revela la debilidad de los Estados periféricos frente a la presión imperial, sino también la lógica transaccional que gobierna las relaciones asimétricas en el sistema interestatal contemporáneo. Estados Unidos, desde la administración Trump, ha insistido en una política de “transición negociada”, en la que el abandono de alianzas estratégicas con potencias rivales se convierte en moneda de cambio para la supervivencia política de élites locales. Por eso, Bukele en El Salvador y Chaves en Costa Rica, conviven con limitaciones con China, aceptando concesiones mayores a Estados Unidos. La postura del secretario de Estado Marco Rubio ha sido clara y contundente, al declarar abiertamente que “no le importa lo que diga la ONU”, lo que muestra que no es un arrebato aislado, sino una manifestación de la doctrina imperial que subyace a la política exterior estadounidense en la era multipolar. Y es esa la tarea que debe asumir la cancillería, de cara a sacar provecho de adaptación al nuevo contexto internacional.
Arévalo será consciente de esta realidad. Estamos seguros que si es consciente de su propia debilidad y por eso buscó un salvavidas en un acuerdo con Estados Unidos. Este pacto sería su escudo contra un golpe de Estado. Sin embargo, la oposición no ceja. El lobby empresarial en Washington tiene a figuras como María Elvira Salazar y Díaz-Balart trabajando para su beneficio y como sus principales valedores. Utilizan una narrativa feroz que acusa al gobierno de narcotráfico, como evidenció el tuit del ex presidente del Congreso, Allan Rodríguez, comparando la situación interna con Venezuela. Por el momento, han logrado cambiar al embajador y al principal agregado diplomático, acusándolos de estar plegados o favoreciendo los intereses del gobierno.
Mientras tanto la pasividad de la cancillería guatemalteca y la estrategia de Arévalo, apelando constantemente al diálogo y a la “conciencia” de sus adversarios mientras evita la confrontación, lo han desgastado. Dinamitó, en la práctica, la base social que lo impulsó al poder, sin lograr consolidar una nueva gobernabilidad. Su último revés, la imposición por la Corte de Constitucionalidad del presupuesto anterior, que, en un acto de dudosa legalidad, a pocas horas de finalizar el 2025, muestra su incapacidad para reaccionar y menos incidir en las instituciones clave.
Así que el futuro de Arévalo, se delineará con base en dos interrogantes fundamentales:
Cuáles es la naturaleza del acuerdo de Arévalo con Washington, ¿es un mal necesario temporal para garantizar la supervivencia de su gobierno y desarticular gradualmente las redes corruptas? ¿O es, como sugiere el patrón venezolano y la teoría realista de John Mearsheimer, un salvavidas temporal del cual no se puede confiar?, Este tipo de acuerdo siempre es algo temporal y precario y funciona siempre y cuando la política interna se subordine a los intereses estratégicos estadounidenses. La historia sugiere que Washington prefiere la estabilidad funcional a su favor, aunque la provean actores de dudosa reputación, antes que experimentos democráticos impredecibles.
¿Puede Arévalo, o cualquier gobierno en similar posición, utilizar el margen de maniobra obtenido en este pacto para reconstruir una base social y desarrollar una política interna sólida? O, por el contrario, ¿la legitimidad de origen se erosionará irreversiblemente al ser percibido como un gobierno incapaz de defender una postura soberana en foros internacionales, mientras continua con su defensa a las elites depredadoras locales a nivel interno? No se debe olvidar que fue Estados Unidos quién derrocó a Árbenz, convirtiendo ese en el primer experimento exitoso de cambio de gobierno. Los resultados de esa intervención han sido desastrosos para el pueblo guatemalteco.
Por último, la pregunta básica que habrá que plantearse casi de inmediato, tanto para Arévalo, como para la cancillería. Se puede confiar de una país que no respeta el derecho internacional.
El caso venezolano demuestra que las transiciones negociadas con potencias externas pueden ser rápidas y limpias en lo militar, pero generan profundas cicatrices en la soberanía y la autodeterminación. Para Guatemala, la lección es clara, un pacto con Estados Unidos puede ofrecer un respiro, pero no construye un proyecto de nación. La verdadera batalla por la democracia no se gana en los pasillos del Departamento de Estado, sino en la capacidad de movilizar y organizar a la ciudadanía, de purgar las instituciones y de articular una visión de país que trascienda la mera supervivencia política. De lo contrario, el riesgo es cambiar un tipo de dependencia por otra, mientras las estructuras de poder corruptas se adaptan y esperan su momento para retornar al poder, ahora con nuevos padrinos, pero las mismas mañas.