La democracia guatemalteca se parece más a un drama de ficción que a un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo. Es más, quizás sea una parodia entremezclada de tragedia sin gracia y dictadura cuasi legal.
A pesar de ello, no deja de asombrar la capacidad de resiliencia que tienen ese clan de sinvergüenzas llamado pacto de corruptos, que día a día se reinventa, sin que les importe guardar las apariencias. Total, si son delincuentes, actúan como delincuentes, resuelven como delincuentes, que otra queda, si no es asumir el poder como delincuentes.
El caso de defraudación fiscal más grande de la historia del país, con más de 300 millones evadidos y más 5 mil millones de quetzales facturados al estado, es otro caso, uno más de los muchos que señalan directamente al gobierno anterior. Pero esos casos se acumulan el sueño de los justos porque el manto de la impunidad los cubre.
En paralelo la discusión en las comisiones de postulación no avanza. Parece una parodia mal ensayada lo que están haciendo para retrasar, entorpecer y alterar el proceso de selección encomendado a dichas comisiones.
Con ese retraso mafioso y malicioso logran frenar el proceso, reducir el tiempo para el análisis de los expedientes y establecer mecanismos de interferencia oportuna y diligente de agentes externos al trabajo de las comisiones para garantizar dos cosas, que los elegidos sean los que ellos proponen y/o que se abra la puerta para interponer amparos y obstáculos legales que lleven a una suspensión del proceso y que los actuales magistrados continúen en sus cargos imitando a los anteriores en todo tipo de ilegalidades.
La estrategia de Bernardo Arévalo no está funcionando y de eso hay que tener claridad y valentía para reconocer su fracaso.
La pasividad, más una buena dosis de realidad, pueden mostrar al país y al mundo la verdadera cooptación del Estado y su principal instigadora en la fiscal general. Pero, de apariencias ya no vive el pacto de corruptos. Poco o nada importa la opinión pública, poco o nada impactan las condenas internacionales y las sanciones personales. Los delincuentes ya no tienen que aparentar ser democráticos, ni transparentes. Los hemos dejado ser delincuentes y ella lo sabe.
Por eso, hay una alta probabilidad que el caso B410 de nuevo quede impune. Por eso existe el peligro latente que Bernardo Arévalo no puede terminar su período. Y lo peor, existen altas posibilidades que sea la propia fiscal la que asuma el cargo de presidenta, una vez concretado el golpe de Estado, pues la encargada de la persecución penal se siente empoderada ante la pasividad del presidente, que además de permisivo, ahora es condescendiente con sus victimarios.